Su esposa asegura que la noche que su marido supuestamente violó a la denunciante él no salió de casa
PONTEVEDRA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El vecino de Ferrol Juan José R.C. negó hoy la acusación de violación formulada contra él por una joven asturiana que ejercía la prostitución en la ciudad de Pontevedra, cuyos servicios contrató en varias ocasiones, y que hoy ratificó ante un tribunal.
La joven de 25 años de edad y natural de Oviedo aseguró que el 10 de noviembre de 2006 estaba trabajando en la Avenida Reina Victoria de Pontevedra, cuando un coche paró a su altura y el conductor le pidió "que subiera para hacerle un completo por 30 euros".
La mujer insistió en que el acusado, que según aseguró era el conductor y único ocupante de ese coche, inmediatamente bloqueó las puertas y la condujo a un lugar apartado donde la violó intimidándola con un cuchillo.
El procesado lo negó rotundamente asegurando que ese día ni siquiera estuvo en Pontevedra y, por tanto, no vio a la joven a la que admitió conocer porque con anterioridad le pagó por varios servicios de prostitución.
"Contrato habitualmente este tipo de servicios", afirmó el acusado, que atribuyó la denuncia por violación a las artimañas de otra prostituta con la que tuvo una hija y mantiene malas relaciones por la custodia de la menor. "Estoy seguro de que le pagó a esta chica una cantidad de dinero para que me denunciara", aseveró el acusado.
TESTIGO.
No obstante, una joven soldado de la Brilat de Figueirido-Pontevedra con la que estaba casado hasta que ella inició los trámites de separación cuando, raíz de este procesamiento, supo que su esposo tenía por costumbre contratar los servicios de prostitutas.
En su declaración de hoy la mujer fue tajante al asegurar que la noche que su marido supuestamente violó a la denunciante, el hombre no salió de casa.
El juicio fue suspendido por la incomparecencia de dos testigos, una prostituta y su novio, que fueron quienes aportaron a la Policía la matrícula del coche del acusado y propiciaron su detención.
La Fiscalía pide 13 años de prisión y 18.000 euros de indemnización por daños morales, cantidad que la acusación particular elevó a 30.000 euros.
