El Gobierno firmará el Convenio Europeo Contra la Trata de Personas

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   MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno anunció este jueves que aprobará antes de que acabe este año el Plan Nacional de Derechos Humanos, que contendrá un Plan Especial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos tanto con fines laborales como con fines de explotación sexual. Asimismo, autorizará mañana, tras la celebración del Consejo de Ministros, la adhesión de España al Convenio Europeo Contra la Trata de Personas, firmado ya por 38 de los 47 países del Consejo de Europa.

   Tras cien días desde que la iniciativa europea entrara en vigor, el pasado 1 de febrero, esta mañana representantes de la Red Española contra la Trata de Personas --integrada por una veintena de ONG-- se manifestaron frente al Palacio de la Moncloa para exigir la incorporación de España a este convenio y denunciar el "retraso" de tres años del plan nacional de lucha contra la violación de derechos humanos.

   En un comunicado del Ministerio de la Presidencia, el Ejecutivo aseguró que "ultima" la elaboración de este Plan nacional y la incorporación de España al convenio europeo, cumpliendo así con lo anunciado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su reciente viaje a Níger.

   Este plan ya está siendo ultimado por cinco departamentos ministeriales --Interior, Exteriores, Justicia, Trabajo e Igualdad-- y pondrá en marcha medidas de mayor control e inspección, de prevención de prácticas de trata, ayudas y apoyo a las víctimas y concienciación social, entre otras.

18.000 VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

   En declaraciones a Europa Press, la directora de Movilización de Médicos del Mundo, Susana Fernández, aseguró, que "ya no hay excusas" para que España no responda a este fenómeno, que "es la esclavitud del siglo XXI", y que, según los últimos datos de la Guardia Civil, afecta a 18.000 personas.

   Las ONG recordaron, frente al Palacio de La Moncloa que, según este convenio, los estados tienen la obligación de asegurar la identificación de las víctimas; ofrecerlas asistencia para su recuperación física, psicológica y su integración social; garantizar la protección de su vida privada y su seguridad; o reconocerles un periodo de reflexión de 30 días que les permita decidir con calma si cooperan las autoridades.

   Asimismo, este acuerdo supone conceder a las víctimas un permiso de residencia por motivos de derechos humanos y garantizar medidas específicas para proteger a los niños y niñas víctimas de explotación sexual.