Los colectivos femeninos exigen que la presidenta regional se pronuncie públicamente si está a favor o en contra del documento
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de 30 organizaciones y colectivos de mujeres pidieron este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la retirada del informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) sobre violencia de género y le instaron a que se pronunciará públicamente a favor o en contra de los contenidos del documento a los que calificaron de "perversos " e "intolerables".
Según las asociaciones, el informe 'Tratamiento de la violencia de género en España y en la Comunidad de Madrid' de la abogada Tatiana Torrejón, entre muchos puntos "preocupantes", cuestiona el victimismo de las mujeres maltratadas, imputándoles que prefieren mantenerse en la posición de víctimas porque le trae ventaja sobre su esfuerzo por obtener un empleo mejor o afirma que fingen el maltrato para conseguir las ayudas que la actual legislación "les brinda.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez, señaló que las asociaciones, como representantes de las mujeres, "no están dispuestas a que la violencia de género sirva y haga de instrumento en la nueva política partidista como refleja el informe".
En este sentido, señaló que van a entregar una documentación a la Comunidad de Madrid impugnando todo el contenido, pidiendo "de forma muy clara" a Aguirre que se pronuncie al respecto y exigiendo responsabilidades políticas "porque el informe del CES es un documento político desde el momento que se emite por una órgano consultivo y además, que puede ser citado por mucha gente, dándolo por bueno".
"El CES es el órgano consultivo, y le corresponde decir por donde deben ir las políticas que se van a desarrollar en la Comunidad de Madrid. Si estas políticas consisten en dejar en la más absoluta indefensión a las mujeres, en comparar los gastos que se realizan para salvar a las vidas de las mujeres en el terrorismo de género son demasiadas y hay que cambiarlas por una castigo moral, es necesario que Aguirre diga algo", aseguró Pérez.
A su juicio, la presidenta regional no puede ignorar lo que está haciendo su órgano consultivo y "si lo ignora y no dice nada está perdida", apuntó a la vez que subrayó que "no se puede jugar con el terrorismo de género de las mujeres para hacer política".
En este sentido, la presidenta de esta asociación señaló que es necesario que Aguirre aceptara y reconociera el equívoco que ha supuesto dar la callada por respuesta a la petición de los sindicatos y a la petición de las organizaciones políticas que también lo han pedido y que tienen experiencia en la violencia de género.
Así, recordó que es imprescindible que se sepa que este informe lo único que ha hecho ha sido una reproducción de lo que piensan los maltratadores. " Su autora lo que ha hecho ha sido reproducir letra por letra y sílaba por sílaba lo que dicen los maltratadores para justificar su violencia", apostilló.
Ana María Pérez indicó además que Aguirre debe preocuparse más por sus problemas internos y poner el acento "seriamente" en un tema como el de la violencia de género porque "si no lo hace ya se sabrá que su política va a ser la que ha decidido el CES, es decir, dejar a las mujeres en la más absoluta indefensión".
"TERRORISMO DE GÉNERO"
Según Pérez, el terrorismo de género se cobra 10 veces más víctimas que el terrorismo político y "una líder tan beligerante con el terrorismo político cómo puede aceptar y ser indiferente ante el terrorismo de género que se lleva en el país a cada vez más mujeres", se preguntó.
A su juicio, siguen muriendo mujeres porque no se aplica la Ley Integral de acuerdo con la normativa que aspiró a los legisladores que la crearon. "Se están muriendo mujeres gracias a documentos como estos, a discursos de algunos sectores de la sociedad que ocupa la adjudicatura y que han hecho suyo el discurso de los maltratadores", apuntó a la vez que recordó que eso es lo que "envalentona y da sentido a la acción de los maltratadores que se sienten héroes".
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amaya Fernández, señaló que el documento del CES es "absolutamente rechazable" y tiene que ser retirado porque hace un "flaco favor se está haciendo a las mujeres y a la sociedad".
"No estamos hablando de un problema de mujeres sino de esta sociedad, de falta de democracia porque el problema de desigualdad es problema de democracia y va a tener consecuencias nefastas para las mujeres y las víctimas de violencia", subrayó.
La jurista explicó que el informe no estudia la realidad social y da fuerzas a los maltratadores, sobre todo, cuando habla de la denuncias al agresor, y de cuáles son los incentivos de las mujeres. Según recordó Fernández, la autora del informe propone la "no aplicación del código penal porque entiende que es más eficaz el castigo de orden moral, que los vecinos le miren mal".
Así, subrayó que el documento también recoge afirmaciones relativas a las medidas de protección a la mujer, que a pesar de que están dando órdenes de protección y medidas cautelares, la autora señala que se está perdiendo mucho dinero "porque hay órdenes de protección que luego se revocan".
"La autora cree que lo que hay que hacer es reducir los costes sociales, no hay que darles la ayuda desde que están sufierndo sino que hay que esperar a que haya una sentencia", recordó.
AUTORES SIN CONOCIMIENTO
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besterio, apuntó que este tipo de informes están realizados a la ligera por personas "que ni siquieran tienen conocimiento del género, del problema de lo que es la violencia y el círculo al que se ven sometidas".
Según Besteiro, todo el trasfondo que subyace del informe contribuye a "criminalizar a las mujeres y a banalizar el problema tan grave al que se enfrenta la sociedad".
Por otro lado, las organizaciones señalaron que la Comunidad de Madrid es una de las regiones que más víctimas de violencia machista tiene, y que es necesario la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género, que está funcionando muy bien el comunidades como Castilla La Mancha y Andalucía.
"Entendemos que el informe es la respuesta a la ley integral por parte de los que no la han querido y no quieren su aplicación. En la Comunidad de Madrid debe aplicarse la Ley en todos los sentidos, favorecer su integración y dar su apoyo a las mujeres", reiteró la portavoz de Themis.
En este sentido, recordó que las denuncias se están realizando en todo el territorio español porque independientemente hay un asesoramiento de las asociaciones que ayuda a las mujeres pero cuando se debe obtener la respuesta por los Gobiernos regionales, "hay gran diferencia entre las que están y no están gobernadas por el partido que no está en el Gobierno".
