PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares adscritos a la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF), han procedido a la desarticulación de un grupo organizado dedicado a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en la Isla.
Según informó la Policía en un comunicado, el pasado martes, día 23, funcionarios de la UCRIF de Baleares arrestaron a Reina Isabel A. C. nacida en Paraguay en 1984 y a Antolín M. R., nacido en Palma en 1971, como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal para explotación sexual, lucro de la prostitución, asociación ilícita y otros hechos delictivos.
En la investigación efectuada se constató cómo las mujeres de procedencia socialmente "baja", madres solteras sin recursos, eran captadas en Paraguay, convenciéndolas para venir a España a trabajar como empleadas y prostitutas. Para ello, eran entrevistadas vía internet con cámara webcam en su país, se les buscaba rutas fáciles para viajar hasta España, se les abonaba el viaje y se las obligaba a firmar una especie de reconocimiento de deuda ante notario por valor de casi 5.000 euros.
Una vez en Palma eran encerradas en un piso con horario laboral de 24 horas todos los días de la semana, retirándoles sus pasaportes, sin dejarles salir de la vivienda y sin obtener un euro de ganancias, al tiempo que la deuda se acrecentaba al ser añadidos los gastos de estancia y manutención.
OBLIGADAS A EJERCER LA PROSTITUCIÓN
En la vivienda, que fue localizada en la calle Albacete, fueron localizadas tres mujeres de origen paraguayo que eran obligadas a ejercer la prostitución junto con otras cinco que de forma voluntaria "trabajaban" para terceros.
Antolín M. R. aparece como propietario de la vivienda, persona que trasladaba y vigilaba a las mujeres y Reina Isabel A. C. es la compatriota que controlaba directamente el "burdel", encargada de la vivienda y enlace con el país de origen, los demás integrantes del grupo serían residentes en Paraguay.
Han sido intervenidos cerca de 10.000 euros -la recaudación de dos días-, equipos informáticos, teléfonos móviles, los pasaportes de las mujeres y otras importantes pruebas. El negocio de explotación de estas mujeres comenzó hace una veintena de días, informa la Policía.
