Víctimas del Aborto denuncia que el Defensor del Pueblo pide que haya más abortos en los hospitales públicos

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) denunció hoy que Manuel Ángel Aguilar Belda, adjunto segundo del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido "adoptar medidas" ante el escaso porcentaje de abortos realizados en centros hospitalarios públicos, a la vez que "no tiene en cuenta" las denuncias de esta asociación sobre "irregularidades en los centros privados" que realizan abortos.

Esta entidad señaló que la Oficina del Defensor del Pueblo "se escuda" en que hay investigaciones en curso sobre los abortos en clínicas privadas para no intervenir y afirma que las mujeres que han presentado las denuncias se sienten "ninguneadas".

El adjunto de Enrique Múgica señaló en un informe remitido a AVA que "la situación descrita (que el 3 por ciento de los abortos se realice en centros públicos) exige la adopción de las medidas que permitan garantizar a los usuarios del Sistema Público Sanitario la atención en su comunidad de residencia". El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación para analizar esta situación.

Esta asociación ha "denunciado ante el Defensor del Pueblo más de 50 irregularidades detectadas en los centros privados de abortos" y ha pedido alternativas "reales y eficaces" para la embarazada en riesgo de exclusión social.

Para AVA, "el Defensor del Pueblo ha ignorado en sus actuaciones las numerosas quejas de irregularidades en los centros de realización de abortos presentadas por la Asociación de Víctimas del Aborto el pasado mes de diciembre", lo que resulta "indignante".

"Las mujeres que buscábamos amparo en el Defensor del Pueblo ante la dejación de funciones de la administración en la supervisión de unos centros autorizados y subvencionados por las consejerías de Sanidad, nos sentimos abandonadas y frustradas", señaló AVA en un comunicado.

Asimismo, ante la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el día 8, AVA reivindica "la oferta de alternativas reales y eficaces para la embarazada con riesgo de exclusión social, tal y como se establece el Real Decreto de 1986 que desarrolla la ley del aborto" y señaló que "los movimientos feministas que reclaman el aborto libre y gratuito manipulan a la mujer al no reclamar ayudas públicas para las embarazadas en riesgo de exclusión social".

Por otro lado, la promotora de la Línea de Atención a la Mujer, Marta Pérez Arteaga, denunció que el 35 por ciento de las mujeres víctimas de la violencia de género "recibe su primera paliza cuando están embarazadas", además de que "una de cada tres mujeres que abortan carece totalmente del apoyo económico del padre". Según esta entidad, "el Ministerio de Sanidad sitúa el embarazo como primer factor de riesgo de violencia de género".

La Línea de Atención a la Mujer citó los datos estadísticos del Ministerio de Sanidad y señaló que "el 30 por ciento de las mujeres que abortan están casadas y un 70 por ciento solteras", de las que la mitad "no convivían en pareja". Según estos datos, en 12.890 casos "no existe" pareja o sustentador principal", mientras que en 14.434 casos "no consta la situación laboral del padre", de lo que AVA deduce que "el 26,9 por ciento de las mujeres que abortaron en 2006 no tiene ningún apoyo económico de su pareja".

Esta entidad señaló que "el embarazo es el primer factor de riesgo de sufrir violencia de género". Para la Línea de Atención a la Mujer, "dos de cada tres mujeres apoyadas y asesoradas por profesionales consiguen llevar a término su embarazo y superar la situación de violencia y abandono a la que están sometidas por su gestación".