A falta de su paso por el Senado, las entidades comparan esta ley con la recuperación del derecho a voto logrado en 2018
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión han celebrado este martes el apoyo mayoritario de la Comisión de Justicia del Congreso al proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal, por la que se sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos.
El texto, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox que se ha abstenido, pasa ahora a su fase de tramitación en el Senado.
Para estas organizaciones, lo sucedido este martes en el Cámara baja supone "un paso fundamental" para modificar esta norma que tiene como objetivo "acabar con una injusticia histórica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo".
AEFT y Plena Inclusión destacan "el cambio que va a suponer en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo esta reforma", en especial en lo que atañe al Código Civil. Además, destacan que el nuevo texto "asume muchas de las aportaciones que han realizado "exigiendo no solo la desaparición de la incapacitación judicial", sino también "la prohibición de que entidades prestadoras de otros servicios sean las que apoyen en la toma de decisiones a las personas con discapacidad".
"De este modo se evitan posibles conflictos de intereses, o promoviendo la creación de figuras de apoyo graduadas en función de las necesidades de cada persona", explican las entidades en un comunicado, recogido por Europa Press.
TITULARES DEL DERECHO A TOMAR SUS DECISIONES
"Lo central en esta reforma es el reconocimiento de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones", ha explicado, antes de señalar que se trata de una "reivindicación conjunta" con otras organizaciones el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
A su juicio, este "gran paso" es comparable al dado en 2018 por el Parlamento cuando se aprobó la reforma de la Ley Electoral por la cual "más de 100.000 personas incapacitadas judicialmente recuperaron su derecho al voto".
"Este nuevo enfoque marca un antes y un después en el respeto nuestra voluntad y preferencias, así como de cara al fomento de la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad, frente a la situación anterior en la que se sustituía nuestra toma de decisiones", ha señalado la activista con TEA y representante de la Junta Directiva de Plena Inclusión, Cristina Paredero, que ha presenciado en el Congreso el debate y aprobación de la norma.
