El CES avisa de que el proyecto del distintivo 'Igualdad en la Empresa' no justifica la rebaja del papel de sindicatos

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) ha advertido de que el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 'Igualdad en la empresa y por una sociedad libre de violencia de género', no "justifica" la rebaja del papel de los sindicatos.

En el dictamen, publicado este miércoles y consultado por Europa Press, el CES manifiesta su "extrañeza" por la "asimilación" del apoyo obligatorio de los representantes de los trabajadores con una "carga administrativa" para la empresa y no ve justificado que este aval pase de ser "un requisito general" a un simple "criterio de valoración" sin haberse abierto antes "un proceso de diálogo con los interlocutores sociales".

"No se justifica ni en el preámbulo ni en la MAIN el cambio que se propone en el proyecto de real decreto para el apoyo a la candidatura por parte de los órganos de representación del personal, convirtiéndolo de requisito general en criterio de valoración, una modificación que debería fundamentarse, máxime teniendo en cuenta que no ha habido previamente un proceso de diálogo con los interlocutores sociales sobre estas cuestiones", apunta.

En este sentido, defiende la importancia de que exista "un adecuado reconocimiento" de "la declaración de apoyo a la candidatura por los órganos de representación de las personas trabajadoras" en los procedimientos sobre el distintivo de igualdad.

Por otro lado, el CES se opone a que el distintivo sea indefinido y argumenta que herramientas clave como los planes de igualdad o auditorías retributivas tienen plazos "delimitados", por lo que cree "más adecuado" que el distintivo tenga una vigencia "limitada", proponiendo cuatro años, coincidiendo con los planes de igualdad.

También apunta a una "falta" de "concreción" en el control dirigido a garantizar el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar a la concesión del distintivo y censura que carece de detalles como plazos, formas de inicio, alegaciones o notificaciones, que pueden comprometer "la seguridad jurídica".

A su vez, advierte de conceptos "indeterminados" como "empeoramientos no sustanciales de los parámetros de igualdad", en relación con la suspensión, o "el empeoramiento sustancial" de esos parámetros en relación con las causas de revocación del distintivo, y pide que se precisen para evitar que queden expuestos a una "interpretación discrecional".

Además, aunque reconoce que el proyecto menciona a las PYMES, el CES propone establecer "un marco de apoyo dirigido especialmente" a estas pequeñas y medianas empresas, con "asesoramiento técnico" para que puedan optar al distintivo.

Por otra parte, cuestiona la afirmación del Gobierno de que el impacto presupuestario de la norma será cero pues señala que las tareas de control y evaluación sí generarán costes administrativos una cuestión que, a su juicio, no ha sido debidamente "justificada ni explicada" en la memoria del proyecto.

Asimismo, detecta olvidos en el texto normativo, como la falta de la referencia expresa a las medidas de igualdad en el acceso a la formación profesional dentro de los criterios de evaluación.

En todo caso, el Consejo avala "la necesidad de actualizar" el distintivo para adaptarlo a las nuevas leyes y considera que la integración de las novedades debe permitir que el distintivo transicione desde el "mero cumplimiento" de la ley "hacia la excelencia" empresarial en materia de igualdad.

CCOO Y UGT LO VEN "INACEPTABLE"

En opinión de CCOO y UGT es "inexplicable" e "inaceptable" que en un distintivo que se dirige a reconocer la excelencia de las empresas y entidades en materia de igualdad y prevención de violencia contra las mujeres, y "con el que pueden lograr beneficios de diversa índole (en contratación, reputacionales, publicitarios", se "rebaje injustificadamente la declaración de la representación las personas trabajadoras".

Tal y como han indicado en un comunicado ambos sindicatos, esto "rompe el equilibrio en que se basan unas relaciones laborales maduras que legitiman en la legislación laboral a la representación las personas trabajadoras, los derechos de representación, información y negociación colectiva en tutela de los derechos colectivos de las personas trabajadoras".

Por ello, han anunciado que la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, y la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, han enviado este miércoles una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresándole su "discrepancia" y reclamando que la representación de las personas trabajadoras "se mantenga como requisito, con carácter obligatorio, como recoge la normativa actual".