29 de febrero de 2020
 
Actualizado 26/06/2008 14:55:56 CET

La Comisión Europea remite el caso M-510 por vía de urgencia al Tribunal de Justicia de la UE

BRUSELAS, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea decidió hoy, rompiendo el acuerdo con la Comunidad de Madrid, llevar por vía de urgencia el caso de las obras de desdoblamiento de la M-501 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la normativa comunitaria medioambiental, informaron fuentes de la Comisión.

Ecologistas en Acción adelantó ayer la noticia asegurando que "la obra de la M-501 es ilegal", que ya lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y lo vuelve a decir ahora Europa. En un comunicado, la organización ecologista consideró esta decisión "un mazazo" a la política regional "de hechos consumados, según la cual pretendía construir primero y evaluar después, dejando sin efecto las directivas de evaluación ambiental y de protección de la naturaleza".

La Organización ha insistido mucho en los últimos meses en que la Comisión Europea se había convertido en "cómplice" de la ilegalidad cometida por la Comunidad de Madrid, al pretender ésta que el acuerdo alcanzado con la Comisión daba visos de legalidad al proyecto.

Para luchar contra ello, Ecologistas recabó el apoyo de numerosas organizaciones de más de 20 países europeos, que han solicitado mediante escritos dirigidos al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, la rectificación del Ejecutivo comunitario.

Por todo ello, Ecologistas en Acción valoró "muy positivamente el giro dado por la Comisión Europea, a pesar de las presiones sin precedentes que han ejercido el Partido Popular y los alcaldes de la zona en Estrasburgo", en el Parlamento Europeo.

Ahora, aseguró, "el siguiente paso es que el Tribunal Europeo paralice las obras que siguen avanzando a marchas forzadas en una clara muestra de absoluto desprecio a las instituciones comunitarias y a los tribunales".

Por su parte, la Comunidad de Madrid destacó ayer que la ruptura unilateral de este acuerdo no supondría la paralización de los trabajos,"sino simplemente la continuación de un proceso de infracción que incluso podría prolongarse durante dos o tres años con el grave perjuicio para todas las partes e incluso para la zona".

El Gobierno regional advirtió de que esta situación sí podría, no obstante, retrasar la adopción, en su caso, de las medidas compensatorias y correctoras medioambientales adicionales a las ya contempladas en el proyecto en los términos convenidos con la Comisión Europea el pasado de 30 de enero.

En concreto, se preveía destinar un 25 por ciento de su presupuesto a medidas medioambientales para paliar deficiencias de la zona, como la construcción de pasos de fauna y ecotúneles, entre otras medidas, que hasta ahora no existían.

Para el Gobierno regional, la ruptura de este acuerdo sería "sorprendente y jurídicamente inexplicable", y, sin duda, respondería a "presiones" realizadas por distintos grupos sobre la Comisión Europea.