También recoge la devolución de competencias a ayuntamientos e impedir que menores visiten al maltratador en la cárcel
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso vota este martes una proposición de ley del PP que recoge la consideración de víctima de violencia machista a las madres de niños asesinados por sus parejas o exparejas con la finalidad de causarles daño.
Es una de las medidas que se incluyeron en el Pacto de Estado por la Violencia de Género, aprobado en la Cámara en septiembre de 2017, y que impulsó en su momento Ruth Ortiz, cuyos hijos fueron asesinados por su propio padre, José Bretón.
El PP quiere reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 para incluir esta y otras medidas acordadas en el pacto --aprobado en septiembre del año pasado--, así como para adaptar la norma al Convenio de Estambul, que España ratificó hace ya cuatro años.
Así, la proposición de ley de los de Pablo Casado que se debate este martes incluye también la acreditación de una víctima de violencia machista como tal sin necesidad de haber interpuesto una demanda, permitiendo para ello otros documentos y acreditaciones a través de los cuales las víctimas pueden obtener la protección y los beneficios que necesitan.
Con esta nueva legislación valdría para ser considerada víctima de violencia de género una sentencia condenatoria por este delito; una orden de protección u otra resolución judicial que suponga una medida cautelar a favor de la víctima; o un informe de la Fiscalía que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia machista.
COMPATIBILIDAD ENTRE AYUDAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS
"Hasta ahora, las no denunciantes tenían limitado su reconocimiento a la decisión de la legislación de las comunidades autónomas en referencia a la protección social", explicó la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, durante la presentación a los medios de esta ley, en el mes de junio.
Pero, además, este texto recoge un refuerzo de la asistencia jurídica que reciben las víctimas desde el momento de la denuncia para que estén "asesoradas" desde el primer momento.
La norma propone también que las ayudas económicas estatales sean compatibles con las autonómicas, que los hijos de condenados en firme no puedan ir a visitar a su progenitor a prisión, que las penas firmes por esta lacra se ejecuten de forma inmediata o que las competencias sobre Igualdad se devuelvan a los ayuntamientos y diputaciones.
PENSIONES DE ORFANDAD DE VÍCTIMAS
Por otra parte, y también en el Congreso, se reúne este martes la ponencia que está trabajando en la ley para la mejora de la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género. Este órgano, que trabaja dentro de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se lleva reuniendo desde el pasado mayo.
Actualmente la pensión sólo se cobra en el caso de que la víctima haya cubierto unos mínimo de cotización a la Seguridad Social, los mismos que los de cualquier otro huérfano: si está dada de alta o en situación asimilada al alta, haber cotizado 500 días en los últimos 5 años, y si no está dada de alta tener, al menos, 15 años cotizados.
El nuevo texto, impulsado por el PSOE, quiere que todos los hijos cuyas madres no han cotizado a la Seguridad Social tengan una pensión garantizada de 677 euros ya que, a juicio de los socialistas, la situación de violencia que han vivido las asesinadas les lleva, en la mayoría de ocasiones a no poder mantener una vida laboral estable y, por tanto, no alcanzan el mínimo de cotización exigido por ley.
