La consejera recuerda que la sentencia del TSJN está recurrida en el Supremo y afirma que la normativa estatal ya no se aplica en Navarra
PAMPLONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, afirmó hoy que "el Gobierno no va a tomar ninguna medida" tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de anular la autorización ambiental de la central térmica de Castejón, y explicó que esa autorización "sigue vigente", puesto que el Ejecutivo foral ha recurrido al Tribunal Supremo.
Sanzberro, que compareció en comisión parlamentaria a petición de Izquierda Unida, afirmó que el fallo del TSJN se basa en un reglamento estatal "obsoleto", del año 1961, que no es de aplicación en Navarra y argumentó que la legislación foral "supera" a la estatal, motivo por el cual el Ejecutivo ha recurrido al Supremo. Así, la aplicación de la sentencia del TSJN queda demorada hasta que se pronuncie el Alto Tribunal. La consejera precisó, además, que no se ha solicitado la ejecución del fallo.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra había estimado una demanda contra la autorización ambiental de las centrales de Castejón, al entender que el Reglamento estatal de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) es una norma básica que Navarra no puede obviar. Ese reglamento establece la distancia mínima de 2.000 metros entre los núcleos urbanos y las industrias fabriles insalubres o peligrosas, cuando la central se ha autorizado a 500 metros.
Frente a este criterio, la consejera explicó que la ley foral de intervención para la protección ambiental, de 2005, "supera y amplia el régimen de control de las actividades clasificadas, dando un paso más en la prevención y protección de contaminación proccedente de las actividades clasificadas y en la coordinación de las distinas Administraciones Públicas con competencias en la materia".
Begoña Sanberro explicó que "el Raminp era algo obsoleto, una norma ampliamente superada por la normativa que habían aprobado otras Comunidades Autónomas". Así, la consejera recordó que el Parlamento de Navarra aprobó en 2005 una ley mediante la que se declaraba que el Raminp no era de aplicación en la Comunidad foral y añadió que ninguna institución ni persona recurrió contra esta decisión del Legislativo.
Por otra parte, Sanzberro señaló que "el funcionamiento de la central de Castejón no ha provocado un deterioro de la calidad del aire en el entorno" y explicó que sí se produce contaminación atmosférica, "pero no a cortas distancias, sino a distancias superiores a los 2.000 metros".
La consejera indicó que el hecho de que el Raminp incluya una medida más restrictiva en las distincias no quiere decir que la norma sea más proteccionista y explicó que actualmente la normativa recoge medidas más exigentes para conceder la autorización ambiental.
La parlamentaria de IUN Ana Figueras consideró que "ha habido una movilización social importante contra la ampliación de las centrales que se ha dirigido a los tribunales y tenemos una sentencia que no debería haberse planteado nunca, porque el Gobierno debió respetar la distancia mínima establecida de 2.000 metros al núcleo de población más cercano".
Ana Figueras afirmó que "esto no debió ocurrir nunca si la actuación del Ejecutivo hubiera sido otra" y añadió que "los Gobiernos están obligados siempre, como ejemplo fundamental, a ser transparentes y ajustarse a norma y derecho".
Por parte de UPN, María José Bozal señaló que "la decisión está en los tribunales y mientras se resuelve el recurso estas centrales seguirán funcionando dentro de la legalidad".
El parlamentario de Nafarroa Bai Txentxo Jiménez se mostró crítico con el Ejecutivo y afirmó que "la apuesta que hizo el Gobierno de UPN es un gran error político, un error que es contario a los intereses de Navarra, porque estas centrales no aportan ningún valor añadido a la comunidad". "Las térmicas de Castejón las puede tener cualquiera. Las energías renovables sí suponen un valor añadido", dijo.
Por su parte, la parlamentaria del PSN María Gracia Iribarren afirmó que "el hecho de que la normativa sea obsoleta no tiene ninguna trascendencia a la hora de aplicación, lo que hay que saber si cuando se tramitó el expediente de autorización esa normativa era de aplicación o no".
Sobre la gestión política del Ejecutivo, Iribarren consideró que "en este momento el Gobierno no tiene la suficiente sensibilidad medioambiental, al margen de que la normativa permita que una central esté a 500 metros". "Es mejor que la central esté lejos. A un vecino le gusta encontrarse con un parque, no con una central térmica", dijo.
Finalmente, el parlamentario de CDN José Andrés Burguete, que la pasada legislatura fue consejero de Medio Ambiente, insistió en que la Raminp no es de aplicación y, en respuesta a la parlamentaria del PSN, afirmó que "el Partido Socialista tampoco debe tener sensibilidad medioambiental, porque quien autoriza la central con la mayor rotundidad es el propio Ministerio de Medio Ambiente, que informó favorablemente la declaración de impacto ambiental". "Si el Raminp era aplicable, no tenían que haber dado el visto bueno sabiendo que la central está a 500 metros de un nucleo urbano", concluyó.
