LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional en Gran Canaria desarticuló una red nigeriana de tráfico de personas que operaba en Las Palmas y en Madrid, actuación que se saldó con catorce detenidos, según informó hoy el Ministerio del Interior en nota de prensa.
Los catorce detenidos implicados en la 'Operación Crazy', nombre con el que los agentes han denominado dicha investigación, son todos de procedencia nigeriana, excepto uno de ellos que es natural de Ghana. Además, nueve de los detenidos ya están en prisión.
La investigación llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación (B.P.E.D) de Las Palmas, que ha estado bajo secreto sumarial hasta fechas recientes, se inició en marzo de 2007.
La operación, denominada 'Crazy' en referencia al apodo en inglés del máximo cabecilla de la organización, Austine B., ha permitido la desarticulación de una "importante estructura delictiva" asentada tanto en Las Palmas como en Madrid.
El máximo responsable traía a Las Palmas y a Madrid a mujeres y hombres procedentes de Nigeria utilizando para ello documentaciones, previamente falsificadas, de otras personas residentes legales en España con similares parecidos físicos.
Además, con el objeto de evitar el control de las autoridades policiales españolas, los "pasadores" entraban en Europa, procedente de Nigeria, en vuelos que llegaban a París y Milán para, posteriormente, acompañar a las personas traficadas hasta Madrid y Gran Canaria.
Las "víctimas" de la organización delictiva debían pagar a Austine B. y a sus socios entre 8.000 y 12.000 euros si eran hombres, mientras que si eran mujeres, éstas adquirían una deuda con la organización antes de salir del país de origen que podía ascender hasta los 42.000 euros. Las mujeres saldaban su deuda con el ejercicio de la prostitución en zonas de la capital española y en la Playa del Inglés (Las Palmas).
Asimismo, una vez llegaban las mujeres a España, eran controladas por los nigerianos Confort I., Hope I. y Juliet I., conocidos como 'mamis' o encargados de la organización, y que se ocupaban de que las jóvenes pagaran "poco a poco" la deuda contraída. Por ello, residían junto a las chicas obligadas a prostituirse en pisos francos de la organización en Las Palmas y "no dudaban en amedrentar" a sus compatriotas con palizas e incluso con artes de Vudú.
FASES.
El operativo se ha desarrollado en diferentes fases que ha permitido la entrada y registro en siete domicilios en Las Palmas de Gran Canaria y Vecindario, así como dos locutorios regentados por miembros de la organización.
También en Madrid se procedió a la entrada y registro de otros dos domicilios, uno de los cuales se efectuó de manera coordinada por parte de funcionarios de la B.P.E.D. de Las Palmas y los adscritos a la Comisaría General de Extranjería y Documentación, junto con miembros de la Policía Holandesa, ya que los moradores de dicho domicilio estaban siendo investigados por la policía de este país en relación con una red de tráfico de menores desde África.
En todos los registros se intervino abundante material informático, localizando a nueve personas presuntamente captadas por la organización, seis de ellas mujeres. Además, se averiguó que en el domicilio del máximo cabecilla, en Lagos (Nigeria), se encontraban cinco personas, tres mujeres y dos hombres, que iban a ser trasladados a España clandestinamente de forma inminente.
Por otra lado, los miembros de la organización Mike A., Blessing I. y Kingsley O., se dedicaban a las estafa en Internet a través del uso de tarjetas de crédito robadas por las mujeres de la organización a los turistas, así como por los datos de tarjetas de crédito de personas residentes en Estados Unidos y el Reino Unido, obtenidas por contactos de la organización en dichos países y que les enviaban puntualmente a través de correos electrónicos.
Asimismo, se detectó el uso fraudulento de más de un centenar de numeraciones de una empresa crediticia norteamericana, que ha supuesto una estafa superior a los 300.000 euros. De la misma manera se pudo acceder, mediante la correspondiente autorización judicial, a cerca de una veintena de cuentas de correo electrónico de los miembros de la organización, interceptándose en torno a 1.000 mensajes donde obraban datos bancarios de personas anónimas de E.E.U.U. y el Reino Unido.
Los miembros de la organización también llevaban a cabo bodas de conveniencia entre mujeres españolas y hombres nigerianos con el fin de que estos pudieran legalizar su situación en España.
Esta actividad corría a cargo de Mike A. y Kingsley O. que captaban a chicas jóvenes canarias a las que ofrecían 6.000 euros por trasladarse hasta municipios pequeños de Toledo y Madrid para contraer matrimonio con nigerianos a los que previamente, la organización ya le había cobrado 15.000 euros. Los gastos del viaje y estancia para las bodas eran pagados mediante el uso de las tarjetas anteriormente citadas.
La organización contaba, además, con el ghanés Abdul A., especialista en superar las pruebas teóricas del carné de conducir en España, que se desplazaba hasta cualquier punto del país para suplantar en el examen teórico de conducir, a cambio de 2.000 euros, a cualquier varón subsahariano de similares rasgos físicos que solicitara este servicio a la organización aunque se detectó en varias ocasiones el fraude en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Castellón.
De todos modos, los miembros de la organización intentaban aparentar la legalidad de sus actividades a través del "alquiler" de permisos de residencia a varones subsaharianos que los usaban para poder trabajar en empresas de la construcción y similares en España. Hecho que les permitía cotizar en la Seguridad Social "sin estar en realidad trabajando" y acceder a préstamos bancarios hipotecarios, además de obtener una parte del sueldo conseguido por la persona que en realidad estaba trabajando en su lugar.
Actualmente los catorce detenidos están siendo imputado por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, explotación sexual, falsedad documental, usurpación de estado civil, contra la salud pública, estafas y asociación ilícita, y ya se ha decretado para nueve de ellos el ingreso en prisión.
