XIII Jornada Internacional contra la Mutilación Genital Femenina - UNAF
MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha propuesto un "abordaje integral" de la mutilación genital femenina que parta de "demandas reales" de mujeres supervivientes.
"Partir de estas demandas es imprescindible para continuar avanzando en la transformación social necesaria para la prevención y el abandono de la mutilación genital femenina", aseguró este miércoles la directora de UNAF, Amaia Echevarría, en la XIII Jornada Internacional contra la Mutilación Genital Femenina.
Así, en el acto, activistas y mediadoras interculturales analizaron el impacto de las políticas públicas en las vidas y los cuerpos de las mujeres y reflexionaron sobre los principales retos a los que se enfrentan como referentes comunitarias en su trabajo con mujeres y niñas supervivientes de mutilación genital femenina.
Por su parte, María José Bielo Bita, de la asociación 'Save a Girl, Save a Generation', incidió en la importancia de que las mujeres puedan acceder a información. "Desde nuestra entidad estamos realizando talleres de educación sexual, estatus migratorio y derechos. Ellas desconocen tener derechos, que no dependen de sus maridos, pero ¿cómo lo vas a creer si estás en un sitio en el que no se te escucha, si se te infantiliza, si no entienden tu idioma?", preguntó.
Igualmente, la presidenta de la Asociación Mujeres de Guinea Conakry de Madrid, Fatoumata Diaraye Diallo, presidenta de la Asociación Mujeres de Guinea Conakry de Madrid, hizo hincapié en la necesidad de fomentar la autonomía de las mujeres, ya que, según ha señalado, "necesitan una salida pero no lo tienen fácil porque no pueden acceder a recursos para la conciliación".
Por su parte, la mediadora intercultural del Área Culturas, Géneros y Sexualidades de UNAF, Koumba Sylla, visibilizó las violencias que sufren las mujeres supervivientes, como la violencia económica, que les impide gestionar el dinero, decidir sobre su formación o sobre la búsqueda de empleo.
Expertas nacionales e internacionales analizaron la respuesta de los marcos normativos a las mismas. En este sentido, evidenciaron que, en ocasiones, no se cumple lo establecido en esta normativa en relación con la protección de las supervivientes. Además, explicaron que los estados firmantes están obligados a ofrecer servicios sociales y de salud así como servicios especializados y que estén coordinados.
También expusieron la necesidad de la formación especializada a profesionales, el desarrollo de la atención integral a las supervivientes y garantías en el proceso de certificación, la evaluación del protocolo sanitario y el impulso de un protocolo estatal multi e interinstitucional desde las violencias de género interseccional, entre otras cuestiones.