VALENCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, avanzó hoy en Valencia que el Ejecutivo aprobará "próximamente" el tercer Plan de Acción para Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo "continuar promoviendo la autonomía de las personas".
De la Vega se pronunció de esta manera en rueda de prensa tras mantener un encuentro con el nuevo comité ejecutivo en la Comunitat Valenciana del Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi), encabezado por su presidente, Juan Planells, que fue elegido el pasado viernes en sustitución de Carlos Laguna.
La responsable estatal apostó por "diseñar y aplicar políticas públicas" de forma que las personas con discapacidad "obtengan el mismo beneficio de ellas que el resto de los ciudadanos". Señaló que con la aprobación del III Plan de Acción, desde el Gobierno de España "cumplimos nuestros compromisos con la mejora de las condiciones y la calidad de vida de las personas dependientes".
Durante la reunión también se abordó el desarrollo de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, explicó De la Vega, quien trasladó a los responsables del Cermi "la voluntad del Gobierno de continuar impulsando el despliegue de la ley en colaboración con todas las comunidades autónomas y, en particular, con aquellas, como la valenciana, que han avanzado menos en la aplicación de esta norma".
Incidió en que el Ejecutivo estatal "está decidido a que todas las personas que necesiten apoyo para desarrollar su vida diaria puedan ejercer el derecho que la ley les ha reconocido, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de condiciones". "Es un derecho de los ciudadanos, y todas las administraciones públicas tenemos el deber de posibilitar su cumplimiento", aseveró.
Al respecto, remarcó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinan 85 millones de euros para la atención a la dependencia en la Comunitat, un 38 por ciento más que en 2008, aseveró.
Por su parte, el comité ejecutivo del Cermi solicitó a De la Vega "transparencia con esta ley" porque, según señaló su presidente en declaraciones a los medios de comunicación al término del encuentro, "no queremos que sea una ley que entre en el debate político, porque con la discapacidad no se puede entrar en el debate político".
"UNA LEY DE TODOS"
"Queremos que sea una ley de todos los españoles", remarcó, y, al respecto, destacó que, de hecho, "en el Congreso la aprobaron todos, unos y otros". Asimismo, señaló que en la aplicación de la norma "hay extremos", ya que hay "unas autonomías que van más deprisa y otras que van más despacio" pero "no es un tema de color político".
Al respecto, indicó que, según los datos aportados por el Ministerio, "Murcia es una comunidad que ha hecho sus deberes, tiene el cien por cien de los expedientes resueltos a 1 de septiembre", y, en este sentido, apuntó: "ojalá en la Comunitat Valenciana los tuviéramos".
Afirmó que en la Comunitat "ha habido un retraso, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se están dando más resoluciones". En esta línea situó la "reestructuración" efectuada en la Conselleria de Bienestar Social "con una intención de agilizar las cosas". Incidió en que el tiempo dirá si esta medida es "suficiente".
Resaltó que desde el Cermi "queremos que esta ley que es de todos, vaya adelante, vaya bien, y sobre todo, porque estamos hablando del bienestar de las personas con discapacidad y sus familias". Apuntó que la persona discapacitada "no tendría por qué ser una carga familiar, pero a veces entre todos hacemos que la persona discapacitada se convierta en una carga, y eso es lo que no queremos", apostilló.
Por su parte, De la Vega también destacó la aprobación el pasado 26 de septiembre por el Consejo de Ministros de la Estrategia Global de Empleo para Personas con Discapacidad 2008-2012, que constituirá "una potente herramienta para la integración laboral para las personas con discapacidad a lo largo de toda la legislatura".
La vicepresidenta destacó que las personas con discapacidad "representan el 8,6 por ciento de la población activa, pero sólo el 4,1 por ciento del total de ocupados". También incidió en que la Estrategia Global ha sido nogociada y consensuada con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, por lo que cuenta con un "enorme grado de consenso en los objetivaos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar".
Incidió en que para el desarrollo de esta estrategia, "que aumentará las tasas de actividad y de ocupación de este colectivo y mejorará su capacidad de empleo y condiciones de trabajo", se destinarán 3.700 millones de euros en toda España en los próximos años. De esta cantidad, cerca del 60 por ciento corresponderá a bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y el 40 por ciento restante "se destinará a fomentar el empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo", explicó De la Vega.