Clara Campoamor exige al Estado que impida que pederastas "asesinos" estén libres y que dé ayuda psicológica a víctimas

BILBAO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, exigió al Estado constitucional "paternalista" que impida que pederastas "asesinos" puedan estar en libertad para evitar, sobre todo, que no se cree en la sociedad una movilización a favor de la cadena perpetua. Asimismo, solicitó para las víctimas de delitos sexuales el mismo tratamiento y ayudas que se da a las personas que han sufrido el terrorismo, como tratamiento psicológico gratuito mientras lo necesiten.

En declaraciones a Europa Press, Blanca Estrella Ruiz se refirió, de esta forma, al caso de Santiago del Valle García, detenido el pasado martes por su implicación en la muerte de Mari Luz Cortés -la niña de cinco años cuyo cadáver apareció el pasado 7 de marzo en la ría de Huelva tras 54 días de desaparición-, que actualmente tiene pendiente cumplir dos condenas, de cuatro años y nueve meses de prisión, de dos juzgados sevillanos diferentes por abusos sexuales a su hija de cinco años y a otra niña de nueve años.

La presidenta de Clara Campoamor lamentó que, una vez más, hay "una familia destrozada y una niña muerta, como consecuencia de las irregularidades y la dejación del Estado paternal que nos hemos dotado a través de una Constitución mal desarrollada o mal entendida", porque, según insistió, "lo que no puede ser es que este estado Constitucional paternalista sirva, tal y como está constituido, para que pederastas asesinos de mujeres y niños estén en la calle".

"Eso -advirtió- hay que evitarlo, sobre todo para que no se cree en la sociedad una movilización a favor de la cadena perpetua, algo que hemos abandonado hace mucho tiempo en este país y a lo que no podemos retroceder".

Blanca Estrella Ruiz mostró su rechazo tanto a la cadena perpetua como a la pena de muerte, a la vez que pidió el cumplimiento del artículo 78 del Código Penal en lo referente a la acumulación de condenas por un mismo delito y al cumplimiento íntegro de las penas.

En ese sentido, afirmó que "no es verdad que necesitemos un código penal que contemple la cadena perpetua, porque eso va contra la Constitución y los valores que como sociedad democrática nos hemos dotado", sino que "lo que sí urge es que se cumpla la Constitución y el Código Penal, que en su artículo 78 y gracias al trabajo de asociaciones y padres y madres de niñas muertas a manos de violadores con permisos penitenciarios o en libertad, habla de la acumulación de las condenas por un mismo delito y el cumplimiento de la totalidad de las penas".

"Eso está ahí y no es una cadena perpetua, sino que significa que, en este país, si se condena a 30 años se cumplen 30 años y si se condena a tres penas de cuatro o dos años, se van acumulando las penas", subrayó.

Tras reiterar su rechazo a la cadena perpetua y a la pena de muerte, insistió en que "no se puede permitir que ni un sólo pederasta entre por una puerta del juzgado y salga por la otra, porque es un delito que hay que considerar máximo, porque el primer bien a defender constitucionalmente es la infancia".

Por otro lado, Ruiz aseguró que este tipo de delincuentes "no dan posibilidad de reinserción". "Con la experiencia de más de 27 años trabajando con las víctimas de este tipo de delitos, la desgraciada conclusión es que estos delincuentes no se reinsertan, porque cuando cumplen la condena, al salir de la cárcel repiten el delito", aseguró.

VICTIMAS DE "PRIMERA Y DE SEGUNDA"

Blanca Estrella Ruiz denunció que a las víctimas de agresiones sexuales y a las familias que han sufrido el asesinato de sus hijas se les niegue las ayudas que tienen las demás víctimas, como las del terrorismo, "que tienen ayuda psicológica toda la vida, becas o prioridades para acceder a un puesto de trabajo".

Tras mostrar su satisfacción por el tratamiento que se da a las víctimas del terrorismo, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor advirtió de que las víctimas de agresiones sexuales y sus familias "sufren las consecuencias años después y no reciben ayudas ni de la Ley ni de nadie".

Según consideró, los familiares de víctimas de delitos sexuales "tendrían que tener derecho gratuito siempre, hasta que lo determine un informe médico, a la ayuda psicológica y, sin embargo, están en tratamiento 17 y 20 años después y se lo pagan de su bolsillo". "La asociación -dijo- ha intentado hacerlo, pero tampoco tenemos posibilidad de sostener estos tratamientos, porque el Estado no nos dan suficientes subvenciones".

Por todo ello, pidió a las instituciones que "hagan su trabajo, que es evitar que haya pederastas en la calle, den ayuda psicológica y apoyo a las familias y dejen trabajar a las asociaciones serias, para que se determine quién es el responsable y sea condenado la persona que, al frente de una institución del Estado, cometió el error de tener a este sujeto en la calle".