El Congreso rechazó la semana pasada una iniciativa del PP en esta línea
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros decidió hoy no renovar la moratoria laboral que pesa sobre los ciudadanos búlgaros y rumanos desde la adhesión de ambos Estados a la Unión Europea y que les impone restricciones para trabajar por cuenta ajena en España, porque según el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, "ya no tenía mucho sentido".
La moratoria es un mecanismo contemplado en los tratados de adhesión de ambos Estados que permite al resto de países miembros aplicar un periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena. Este plazo puede prolongarse hasta siete años en tres fases, la primera de las cuales debe durar dos años y para cuya renovación es preciso informar primero a la Comisión Europea. España vencerá el primer plazo el 31 de diciembre de 2008.
Según explicó en rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno "entiende que atendiendo a la situación en que se encuentra Rumanía y Bulgaría, inmersos en un crecimiento económico importante, los flujos migratorios es probable que a medio plazo se den un poco al revés".
Así, el Gobierno espera que "sean muchos rumanos y bulgaros que están actualmente en España los que tal vez tengan un interés de vuelta" en línea con las pretensiones de sus respectivos gobiernos, ambos inmersos en campañas para atraer de vuelta a la población activa emigrada a Europa.
No obstante, matizó que aunque el Gobierno haya decidido no renovar la moratoria, "se ha reservado el hacer un balance de aquí a seis meses (...) para ver si el no haber puesto de nuevo la moratoria hubiese podido tener algún efecto negativo". "Esperemos que no", apostilló.
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados rechazó el pasado 19 de diciembre una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular que instaba al Gobierno a levantar "de forma inmediata" la citada moratoria.
La proposición, rechazada con los votos del PSOE y de CiU, sí contó, sin embargo, con el respaldo del PNV, del Grupo Mixto y de IU-ICV-ERC, que también tiene registrada en la Cámara baja una iniciativa de contenido similar para solicitar el fin de las restricciones sobre estos trabajadores.
El Grupo Popular se ha manifestado partidario a poner fin a esta medida porque a su juicio, los trabajadores de Rumania y Bulgaria que llegan a España "son tratados como ciudadanos extracomunitarios, y a pesar de ser miembros de la Unión Europea, son considerados ciudadanos de segunda". Además, a su juicio mantener la moratoria "favorece la economía sumergida, lo que implica que esos trabajadores rumanos y búlgaros no cotizan en la Seguridad Social", según declaró el portavoz del PP en la materia, Rafael Hernando.
En el PSOE esta postura del principal partido de la oposición es considerada "una contradicción", porque "piden prohibir las regularizaciones masivas y al mismo tiempo quieren la regularización de miles de trabajadores" búlgaros y rumanos, tal y como señaló ante la comisión el diputado socialista Óscar Seco, quien tildó la proposición de "oportunista e incoherente".
Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano, que votó en contra, dijo que "la lógica de la libre circulación" tiene "consecuencias en el mercado" de trabajo español, y añadió que la decisión de levantar la moratoria también debe tener en cuenta la postura de las comunidades autónomas. Por el contrario, el diputado del PNV Emilio Olabarría se mostró favorable a la libre circulación de todos los ciudadanos que pertenecen a la Unión Europea.
