MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha denunciado la "falta de lealtad institucional" de la Delegación del Gobierno en Ceuta y de la Comandancia de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma, por "obstaculizar" una investigación sobre irregularidades cometidas en la expulsión de nueve solicitantes de asilo en la que se puso de manifiesto una "muy grave vulneración" de la Ley de Extranjería.
En un escrito difundido hoy por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) la Alta Institución expone los resultados de sus pesquisas sobre una denuncia de la organización acerca de la detención y expulsión por parte de la Guardia Civil, de nueve personas en diciembre de 2004. Según la ONG, todas contaban con la documentación que les acreditaba como solicitantes de asilo.
Ante las denuncias de CEAR, el Defensor del Pueblo requirió información a la Delegación del Gobierno en Ceuta, que no atendió el requerimiento por extravío de la documentación en un "lamentable error de carácter involuntario".
También pidió informes a la Guardia Civil, que tampoco respondió al requerimiento porque, según la Secretaría Técnica del Cuerpo, la información se encontraba en un "informe reservado" fechado dos años después y firmado por el Comandante Instructor, de forma que sólo la Comandancia podía autorizar su difusión.
"La demora en la respuesta y fundamentalmente el contenido de la misma evidencian a juicio de esta Institución la falta de interés en que estos hechos sean definitivamente aclarados, y ponen de manifiesto la persistencia en la obstaculización de la presente investigación y una falta de lealtad institucional que será debidamente reflejada ante las Cortes Generales en el próximo informe", explica el Defensor en su escrito.
En cuanto a la ejecución en sí de las expulsiones, el Defensor considera que "ha quedado acreditada la práctica de unas devoluciones por la vía de hecho, con ausencia del procedimiento legalmente establecido y en las cuales se ha lesionado el derecho constitucional de los interesados a la asistencia letrada".
La Alta Institución, que ha enviado un recordatorio de deberes legales a la Delegación del Gobierno en Ceuta, asevera en su escrito que estos hechos "constituuen una muy grave vulneración de la normativa de extranjeróa y debieron ser investigados con la diligencia y la profundidad que merecían por las autoridades competentes".
No obstante, la Oficina del Defensor ha decidido no proseguir con las actuaciones "tendentes al esclarecimiento de los hechos investigados y la asunción de responsabilidades" y da por concluídas sus iniciativas al respecto, ya que las devoluciones irregulares se produjeron hace más de cuatro años y ya ni siquiera está en vigor el mismo reglamento de Extranjería.
Por su parte, CEAR ha pedido a la Fiscalía que investigue "a fondo" tanto las expulsiones como "la falta de colaboración de las autoridades con la Oficina del Defensor del Pueblo", así como ha solicitado que se establezcan por escrito unas directrices claras para todos los organismos competentes sobre el "respeto a la voluntad de pedir asilo y la aplicación del principio de no devolución".
