Un total de once entidades y sindicatos de Baleares firman un manifiesto contra la 'directiva de la vergüenza'

PALMA DE MALLORCA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de once entidades y sindicatos con sede en las Illes Balears firmaron un manifiesto en contra de la Directiva de retorno de personas extranjeras en situación irregular, aprobada el pasado 18 de junio por el Parlamento Europeo, y en el que rebautizaron como 'directiva de la vergüenza', porque "legitima y agrava" la situación de las personas retenidas en centros de internamiento (CIES).

Según el manifiesto 'No a la directiva de la vergüenza', dado a conocer hoy por las organizaciones que lo suscriben, pero fechado el pasado miércoles, 9 de julio, la directiva aprobada por la UE "reduce a cenizas" la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, a causa de las medidas que incluye.

Concretamente, hasta ahora se adhirieron al manifiesto Médicos del Mundo, Derechos Humanos de Mallorca, CGT, ATTAC Mallorca, Asociación Uruguaya de las Islas Baleares, Thakhi Runa (Asociación Artística y Cultural Uruguaya), Asociación Al-Maghreb, Amnistía Internacional Mallorca, Vecinos Sin Fronteras Illes Balears y Candela Proyectos Solidarios ONGD.

En el documento, denuncian y consideran vergonzoso privar de libertad a personas extranjeras, que no han cometido delitos, durante hasta 18 meses; y, precisamente, también se oponen a la existencia de esos centros de internamiento, así como el tratamiento que se dispensa a quienes son recluidos en ellos.

El manifiesto 'No a la directiva de la vergüenza' también denuncia que se prohíba volver a Europa durante cinco años a quienes sean expulsados, la interposición de trabas administrativas a las ONG para obtener información sobre la situación en los centros CIES, que se establezca el "uso razonable de la fuerza" por parte de los estado miembros de la UE a la hora de ejecutar las órdenes de retención y expulsión, entre otros aspectos.

Finalmente, las once entidades firmantes recuerdan que Europa fue anteriormente un continente emisor de inmigrantes, que los movimientos migratorios son un derecho "en sí mismos" y que obedecen a "desigualdades existentes en el reparto de la riqueza" en todo el Mundo. Por lo que se comprometen a seguir trabajando para evitar que se aplique la nueva directiva europea.