MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
Distintas asociaciones de ayuda a las víctimas sexuales y protección a la infancia respaldaron hoy la consideración de la Fiscalía General del Estado de que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, que juzgó el caso de la niña Mari Luz, incurrió en una falta "muy grave", pero señalaron que las instituciones y los políticos "también son responsables" por la carencia de medios de que dispone la Justicia.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Protección de la Infancia (Prodemi), José Luis Calvo, afirmó que "todo lo que sea bajar el listón" de falta muy grave "es darle una concesión al irresponsable respecto al comportamiento que ha tenido", y criticó el criterio del Instructor, por el que Tirado sería amonestado con sanciones económicas de entre 300 y 3.000 euros por cometer una falta "grave".
"Lo que nos parece absolutamente vergonzoso y un insulto para la ciudadanía y el sentido común es que de algo tan grave, tan terrible, se derive un sanción prácticamente administrativa. La sanción debe ser mucho más contundente, y el juez tiene que asumir esa responsabilidad", enfatizó el presidente de Prodemi en declaraciones a Europa Press.
No obstante, señaló que es "lamentable" que se trate de "reducir como se está reduciendo" la única responsabilidad al juez Tirado, y los políticos e instituciones no asuman su parte de responsabilidad por la "carencia de medios tan tremenda que tiene la Justicia y la falta de coordinación".
En este mismo sentido, la presidenta del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), Florentina Alarcón, señaló que, en el caso de la niña Mari Luz, "no hay un sólo responsable", ya que, en su opinión, se produjeron varios fallos debido a la "tremenda saturación de los juzgados", y "no es tan fácil como castigar a un juez".
Respecto al criterio de la Fiscalía General del Estado, por la que Tirado podría ser sancionado con "la suspensión por hasta tres años, traslado forzoso o separación de conformidad con lo dispuesto en el art. 420.2 LOPJ", es decir, la separación de la carrera judicial, Alarcón se mostró favorable a que se aplique la "sanción máxima" ya que la falta cometida es "muy grave", y afirmó que una justicia que discrepa --en relación a las diferentes consideraciones del Instructor y de la Fiscalía-- "pierde credibilidad".
