MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las Asociaciones de Jueces, consultadas por Europa Press, se han mostrado a favor de revisar el principio de responsabilidad judicial, pero matizan que no debe hacerse al calor de un caso concreto, en referencia a lo ocurrido en el "caso Mari Luz", sino que ha de llevarse a cabo con "responsabilidad" y después de un debate sobre lo que se debe modificar. Una de estas asociaciones, la Francisco de Vitoria, cree además que se deben individualizar las responsabilidades de todos los que participan en la gestión del trabajo judicial.
La propuesta de modificar el principio de responsabilidad judicial fue realizada esta mañana por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, y también secundada por el PNV y UPyD.
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, explicó que "la responsabilidad difusa" es la "asignatura pendiente" de la justicia española, ya que el juez no debería ser "la cabeza de turco exclusiva" en los asuntos judiciales.
Así, mantiene que "es necesario" residenciar e individualizar esta responsabilidad "en todos cuantos participan en la gestión del trabajo" judicial, para que ésta sea "compartida", pues "hay muchas personas responsables del despacho" de estos asuntos.
PIDE TENER EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DEL JUZGADO
Por otro lado, Del Río, afirmó que "le ha llamado la atención" el informe del fiscal del Caso Mari Luz, que considera una falta muy grave de desatención el retraso del Rafael Tirado, el juez que no logró encarcelar a Santiago del Valle.
De esta forma, mantiene que se "han olvidado" las "circunstancias concurrentes del juzgado", que, también "deben ser valoradas", como "el volumen de asuntos", los "funcionarios" o la propia "parcela de responsabilidad de ejecución" del fiscal. Así, afirmó que se ha hecho "una abstracción" y "se ha residenciado todo en el juez".
En este sentido, recalcó que no se puede "estar pensando en una justicia vengativa", centrada en los "resultados", sino en una justicia "proporcionada a lo que de verdad se ha producido" y añadió que esto debe ser valorado por el Consejo, quien "debe tomar la decisión final", y que tiene, a su juicio, "una difícil papeleta".
Por su parte, el representante de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, afirmó que "es muy prematuro" para hablar de modificaciones legales. No obstante, aseguró que le parecería conveniente una modificación de responsabilidades en el caso de darse un debate acerca de "qué hay que modificar, por qué hay que modificarlo y por qué hay que incrementarlo".
ABORDAR LA CUESTION DE FONDO
En todo caso, Jimeno considera que la propuesta de cambiar el principio de responsabilidad está "hecha al calor" de la propuesta del instructor de sancionar al juez Tirado con una multa de 300 a 3000 euros.
A juicio del representante de la asociación, lo importante es abordar la cuestión de fondo "con independencia de la conducta de un juez". "Debemos abordar las responsabilidades que tiene cada uno en la oficina judicial y establecer los medios para que estos casos no se produzcan", concluyó.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, afirmó que "si hay que revisar el principio de responsabilidad, que se revise" pero "que se haga porque existan razones para ello, con fundamento y desde la más absoluta responsabilidad".
Asimismo aseguró que los jueces y funcionarios "están sometidos a responsabilidad penal, civil y disciplinaria" y de esta manera exigió que no se presente ahora el 'Caso Tirado' como un supuesto de irresponsabilidad de los jueces en la legalidad de sus funciones porque sería "faltar a la verdad" y consideró que "sería actuar de manera absolutamente demagógica echando carnaza como si fuera el circo romano colocando en medio de la arena a una persona para que se la coman los leones".
PIDE QUE NO SE CONVIERTA AL JUEZ TIRADO EN "CHIVO EXPIATORIO"
Además, Antonio García aseguró, en relación con el caso de la niña Mari Luz, que el Consejo General "debe resolverse desde la más absoluta y estricta independencia, sin injerencias, sin inducción y sin influencias extrañas, sin sugerencias de naturaleza o matiz político".
"Que resuelva ese expediente disciplinario de forma imparcial, objetiva, neutral, independiente y fundamentalmente sometido a las previsiones que la legislación orgánica establece en materia de responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados", apuntó.
De este modo, expresó su indignación porque, a su juicio, se está induciendo al Consejo General a convertir a un magistrado en "chivo expiatorio" de un "deficitario funcionamiento estructural del sistema judicial" lo que calificó de "aberrante" y poco respetuoso" con el principio de separación de poderes y neutralidad.
