SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, aseguró hoy en comisión parlamentaria que la Comunidad Autónoma cuenta en estos momentos con "más de 1.400" menores inmigrantes acogidos en los 30 centros de emergencia que existen distribuidos por las siete islas del archipiélago, por lo que, a su juicio, "asistimos a una auténtica saturación".
Según Rojas, esta situación va a obligar a que se instalen carpas en las canchas de los centros y camas "por todos lados", y anunció que el Plan de Integración de Canarias dirigido a los menores "ha saltado por los aires, por lo que no se está dando el trato que corresponde a los niños inmigrantes que están acogidos en los diferentes centros", indicó.
Por otra parte, la consejera hizo referencia a las recomendaciones recogidas en el informe de 2007 del Defensor del Pueblo en materia de inmigración, y señaló que el Gobierno de Canarias ha valorado "positivamente" dichas recomendaciones, algunas de las cuales ya se han puesto en práctica, por ejemplo, el cierre del centro de inmigrantes del Lomo, en Fuerteventura, así como la mejora de los centros de La Esperanza y Tegueste, ambos en la isla de Tenerife.
UNOS 900 FRENTE A 1.400
Asimismo, Rojas quiso recordar que cuando el Defensor del Pueblo elaboró este informe, y en el que se indicó que la situación en materia de inmigración "había mejorado" respecto a la inmigración en la Comunidad Autónoma, "se hablaba de que en Canarias había unos 900 niños, y hoy estamos hablando de una auténtica saturación de los centros de inmigrantes con más de 1.400 menores que cuando llegan a dichos centros, lo primero que hacen es preguntarnos por su documentación".
Ante esto, la consejera apuntó que para solventar este problema respecto a la documentación de los menores es necesario "establecer un protocolo de actuación que permita solventar esta situación". "Realmente la discusión o el debate que tenemos con el Estado es que tenemos inmigrantes que son niños y no hay una normativa que aclare esta situación. Como son menores, la tutela corresponde a la Comunidad Autónoma, y cuando vamos a pedir la documentación, nos dicen que no se puede dar porque son inmigrantes, por lo que hay un vacío jurídico al respecto, por lo que yo le diría al Defensor del Pueblo que viniera de nuevo a Canarias para que vea si en realidad, este asunto ha mejorado como él recoge en su informe", concluyó.
