Greenpeace destaca que el CSN "ha reconocido el problema" al solicitar un refuerzo de las actuaciones en Mendaña

HUELVA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace valoró hoy que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "ha reconocido el problema" al proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la emisión de una nueva resolución requiriendo a Egmasa, responsable del cumplimiento del plan de normalización del Centro de Recuperación de Inertes (CRI-9) de las marismas de Mendaña, llevar a cabo un refuerzo de las actuaciones en la zona con el objetivo de asegurar el confinamiento de los materiales contaminados y mantener la adecuada protección radiológica de la población y el medio ambiente.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, subrayó que esta resolución del CSN "da la razón" a la organización ecologista "pues, al pedir que se refuercen los controles y que se restrinja el acceso a la zona, están reconociendo que hay un peligro evidente y que los residuos allí depositados podrían afectar a la salud humana".

En este sentido, Bravo consideró que la decisión adoptada por el CSN solicitando un refuerzo de la vigilancia en las marismas de Mendaña supone "un punto de inflexión" en el comportamiento de este organismo, ya que, a su juicio, hasta ahora "había cerrado los ojos y había hecho la vista gorda a un problema tan grande como éste".

No obstante, y tras insistir en el hecho de que "el problema ya está reconocido oficialmente", el representante ecologista se refirió a lo afirmado por el CSN de que actualmente "está garantizada" la protección radiológica de la población y del medio ambiente del impacto de los materiales contaminados en el entorno del CRI-9 y se cuestionó "por qué han dicho eso si no han realizado ningún estudio sobre los posibles destinos del cesio allí depositado". "Es una información un tanto gratuita", sentenció.

Por otro lado, Bravo recordó que la organización ha decidido "congelar" la denuncia que tenía previsto interponer contra la Consejería de Medio Ambiente y la empresa pública Egmasa por el "oscurantismo" y "secretismo" en torno a la supuesta existencia de fugas del isótopo radiactivo cesio-137 al río Tinto procedentes de las más de 7.000 toneladas de material contaminado radiactivamente por el accidente de Acerinox en Cádiz de 1998, todo ello tras comprometerse la consejera del ramo, Fuensanta Coves, a mantener una reunión y facilitar información sobre este asunto.

Carlos Bravo ya justificó la decisión de acudir a los tribunales señalando que la Junta "está violando flagrantemente la Ley 27 de 2006 de acceso a la información ambiental", que, según dijo, "es de obligado cumplimiento" y da un plazo de un mes para que las distintas administraciones implicadas aporten información al respecto".

El representante ecologista precisó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha sido la única institución que, hasta el momento, ha aportado información, aunque señaló que ésta "todavía no se puede hacer pública, pues es muy compleja y está siendo analizada por expertos en la materia de cara a poder emitir un informe técnico".

Del mismo modo, Bravo recordó que estas 7.000 toneladas de material radioactivo "contaminadas" con cesio "se enterraron de forma incontrolada en el denominado Centro de Recuperación de Inertes (CRI) número 9, ubicado en las Marismas de Mendaña, tras el accidente de Acerinox".

LA RESOLUCIÓN DEL CSN.

Tras señalar que las fugas fueron descubiertas por un grupo de expertos internacionales en materia de protección radiológica pertenecientes a Greenpeace, el ecologista aseveró que el cesio "está saliendo ya al medio ambiente, contaminando al río Tinto", lo que, a su juicio, "es algo muy grave, pues el cesio es un material muy radiactivo y peligroso para la salud humana".

Y es que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó la pasada semana proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la emisión de una nueva resolución requiriendo a Egmasa, responsable del cumplimiento del plan de normalización del Centro de Recuperación de Inertes (CRI-9) de las marismas de Mendaña, llevar a cabo un refuerzo de las actuaciones en la zona con el objetivo de asegurar el confinamiento de los materiales contaminados y mantener la adecuada protección radiológica de la población y el medio ambiente.

En una nota, el CSN estimó que, a la vista de los datos obtenidos hasta la fecha en el Programa de Vigilancia en curso y de los recogidos en las inspecciones realizadas, en la actualidad "está garantizada" la protección radiológica de la población y del medio ambiente del impacto de los materiales contaminados en el entorno del CRI-9.

No obstante, el CSN consideró que, a fecha de hoy, "no pueden darse por concluidas las obras de normalización del centro" requeridas en la resolución aprobada por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria en enero de 2001. Así, el CSN estimó "necesario" proponer a Industria la emisión de una resolución adicional en virtud de la cual Egmasa "deberá presentar al organismo, en un plazo máximo de tres meses, una propuesta de actuaciones que refuercen el sistema de confinamiento de los materiales contaminados e impida el acceso del agua".

Del mismo modo, apostó por que Egmasa continúe ejecutando el programa de vigilancia, "manteniendo la frecuencia en la toma de muestras", así como que realice antes de seis meses un análisis y rediseño del mismo para incluir puntos adicionales que permitan realizar un seguimiento adecuado de la efectividad de las medidas de confinamiento.

Además, la propuesta del CSN incluye la restricción "inmediata" y "efectiva" del acceso a las zonas afectadas, debiéndose informar sobre cómo se llevará a cabo, así como el control de los usos del terreno y de las aguas, medidas que deberán ser remitidas al CSN en el plazo de tres meses e informada favorablemente por el regulador.