Todos los grupos del Congreso, salvo BNG, rechazan debatir la propuesta de los ecologistas sobre movilidad sostenible

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción del BNG, rechazaron hoy debatir la iniciativa elaborada por diversos grupos ecologistas sobre movilidad sostenible y defendida por el portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera. El pleno de la Cámara Baja debatió la toma en consideración de esta proposición de Ley.

La proposición de Ley pretendía crear un marco normativo que impulsara el transporte colectivo y el no motorizado, que definiera las directrices de movilidad sostenible; y fomentara la accesibilidad con sistemas de transporte terrestre más ecológicos y mediante la promoción de un uso más racional del vehículo privado.

También, exigía que en el periodo de ocho años los presupuestos del Ministerio de Fomento destinaran un porcentaje no superior al 50 por ciento a infraestructuras y el resto a gestión de la movilidad.

En ese sentido, el diputado de ICV Joan Herrera subrayó que con el voto negativo se consuma "algo que viene marcado desde el inicio de la legislatura". "Se ha aparcado el relato ambiental, incluso el relato en torno al medio ambiente", lamentó.

Así, insistió en que el voto negativo "supone el divorcio del ecologismo político con el ecologismo real" y aseguró que en esta legislatura las propuestas del ecologismo se están encontrando "con la puerta en las narices".

En su defensa, Herrera afirmó que la propuesta permite cumplir con el protocolo de Kyoto sobre emisión de gases de efecto invernadero, y recordó que la mala movilidad de las ciudades es un factor clave para la mala calidad del aire, que provoca 16.000 muertes al año por contaminación.

Por último, lamentó que algunos grupos parlamentarios exijan un mayor nivel de consultas antes de estudiar la propuesta al señalar que tras ellas, en realidad, está la excusa para "acabar por no hacer nada".

PUERTA ABIERTA, AUNQUE NO ESTA VEZ

En su intervención, el portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, reconoció que la ley "en lo básico" incorpora elementos por los que su grupo parlamentario podría apoyar su consideración. Sin embargo, lamentó que la proposición de Ley entra en un conflicto de competencias y por ello es preciso previamente "sentarse con las comunidades autónomas y ayuntamientos".

"Reconozco que en esta tarea vamos demasiado lentos y que es preciso asumir compromisos y esfuerzos conjuntos --señaló--, porque el cambio climático es una realidad que no espera más tiempo como para que la administración intervenga". Aunque anunció que el PSOE votaría en contra de esta proposición de Ley, adelantó que "la puerta permanece abierta" y se comprometió a asumir el reto de que los calendarios se agilicen y a exigir que el proceso para lograr el fin propuesto "no se detenga".

Por su parte, la diputada del PP María Concepción de Santa Ana indicó que desincentivar la creación de nuevas infraestructuras de transportes como se afirma en la proposición de Ley es "inoportuno e inadecuado", porque la movilidad, tanto de mercancías como de personas "supone un factor esencial para la competitividad de la economía". Por ello, también manifestó la intención de su grupo parlamentario de votar en contra de esta iniciativa.

Mientras, el diputado del PNV Joseba Aguirretxea alegó "invasiones competenciales" del Estatuto de Autonomía vasco para negar el apoyo a la consideración de la propuesta, "a pesar de compartir bases y preocupación" y estimó que "no hace falta legislar desde esta Cámara sino desde otros órganos que son competentes".

Por último, Convergencia y Unió (CiU) también se mostró desfavorable a someter a debate la iniciativa, pues según explicó el diputado Pere Macías, aunque es un proyecto que calificó de "positivo" subyace algunos aspectos e ideas como "no acaparar las plusvalías de un determinado suelo" y sobre todo por un conflicto de competencias, ya que consideró que la proposición de ley puede "tener un cierto margen a la intervención del Estado".

Mientras, la diputada del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Olalla Fernández, aseguró que se trata de una propuesta "compleja" por la necesidad de que actúen las distintas administraciones pero defendió que la iniciativa se entiende como "una ley básica del estado para después orientarla a las distintas administraciones públicas".