Asociaciones de inmigrantes acusan a Rubalcaba de "criminalizar" al colectivo

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Varias asociaciones de inmigrantes criticaron este viernes la intención del Gobierno de ampliar el plazo de internamiento de extranjeros indocumentados en los centros y acusaron al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar "criminalizando" al colectivo.

Esta es la posición de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), cuyo presidente, Esteban Cancelado, tildó de "ofensivas" las últimas declaraciones del ministro, quien utilizó la palabra "avalancha" para referirse a la llegada de inmigrantes sin documentación ni contrato laboral previo.

Asimismo, criticó duramente la intención del Ejecutivo de reformar la Ley de Extranjería para ampliar el plazo máximo de retención, "toda una ofensa para el colectivo inmigrante" que supone "incrementar el tiempo de sufrimiento de personas detenidas sin que hayan cometido ningún delito, en unos centros que no deberían ni existir".

Ferine se encuentra consensuando un documento de mínimos con la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes, REDI, que dará la respuesta conjunta de más de 130 asociaciones y colectivos a la Directiva de Retorno y la política de inmigración del Gobierno, que consideran "un cambio de rumbo" ante el que no se pueden "quedar callados".

En la misma línea se manifestó el representante de Rumiñaui, Raúl Jiménez, que interpretó las palabras de Rubalcaba como "una muestra del cambio de orientación del Gobierno socialista, que argumenta postulados excluyentes para el endurecimiento de la Ley de Estranjería nada progresistas, y más propias de los ejecutivos italiano y francés".

Según afirmó, la ampliación del tiempo de retención es "una medida desproporcionada" porque supone "tratar como a delincuentes a personas cuya única falta es administrativa". "Eso no son hoteles ni centros de acogida, recordó Jiménez, "son lugares donde tienen restringidos sus derechos, como el régimen de visitas o la interlocución con sus abogados".

CUESTIONAN SU EFECTIVIDAD

Por su parte, el portavoz de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España, Esteban Melo, cuestionó la efectividad de la medida por considerar que "los centros ya están saturados" y porque "si una persona pasa dos meses retenida, eso le va a provocar aislamiento, desarraigo social y le va a criminalizar".

"Si se aumentan los plazos sin una sentencia judicial previa, lo que se está haciendo es violar el principio de proporcionalidad de la ley, tanto con la directiva europea como en el caso de España", agregó Melo, quien dijo esperar que esta "sólo sea una medida que se adopta de forma puntual por una situación concreta" y que primen las iniciativas de integración puestas en marcha por el Gobierno en la última legislatura.