AV.- Directores de Servicios Sociales piden planes de reflotamiento familiar para personas sobreendeudadas en riesgo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales ha elevado una propuesta al Gobierno para responder a los ciudadanos desahuciados o al borde de perder su vivienda que consiste en la creación de una figura susceptible de protección, la 'persona sobreendeudada en situación de riesgo' y la articulación de medidas como planes de reflotamiento familiar para evitar que acaben en la calle y en la ruina.

La propuesta, difundida este martes en rueda de prensa, pide "una nueva legislación en materia de saneamiento de la deuda de particulares" para "posibilitar que las familias en quiebra económica puedan afrontar sus deudas a través de moratorias, planes de reflotamiento económico familiar y acciones preventivas de la exclusión y de la economía sumergida".

Los expertos consideran que en tanto se lleve a cabo esta legislación, se adopten "medidas urgentes" enmarcadas en la reciente reforma de la Ley Concursal, como la creación de la citada figura jurídica, que se aplicaría a residentes en España que se encuentren en una "situación objetiva de sobreendeudamiento" de forma que "por dificultades económicas, coyunturales y sobrevenidas no puedan afrontar sus obligaciones de pago".

Esta situación se determinaría analizando la capacidad de pago del ciudadano y el total de las obligaciones contraídas "considerando unos mínimos vitales de subsistencia de la unidad de convivencia", así como atendiendo a las "causas sobrevenidas" de su impago, como el desempleo o una enfermedad. Así, según los expertos, se evitarían situaciones de "quiebra estratégica" y de fraude.

Además, la 'persona sobreendeudada en situación de riesgo' tendrá que poder acreditar la "coherencia de sus actos patrimoniales y de consumo anteriores", es decir, que son deudores de buena fe por causas "verdaderamente inevitables" y que "no ha existido prodigalidad u otras conductas negativas", algo que acreditaría con su trayectoria laboral y su historial de consumo de bienes y de productos financieros.

A las condiciones anteriores debe unirse la de encontrarse "en una situación objetiva de inclusión precaria o de exclusión moderada tomando como referencia las circunstancias del núcleo familiar y/o de convivencia" y ahí es donde intervendrían los servicios sociales que, aplicando "instrumentos estandarizados de medición multidimensional de la exclusión" dictaminarían la situación real en que se encuentran esa persona y su núcleo de convivencia.

"Se excluirían los casos de exclusión grave o severa y, en todo caso, se deberá certificar que el caso es viable con pronóstico de recuperación a medio plazo (3-5 años)", añade el informe elaborado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, quienes además, exponen una propuesta del procedimiento que podría seguir una persona ante la quiebra familiar.