MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los ayuntamientos optaron mayoritariamente por destinar los recursos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL), una iniciativa puesta en marcha en el marco del 'Plan E' en 2009, a financiar actuaciones de interés social que ya venían desarrollando con carácter previo a la aprobación del citado fondo, no utilizándose para llevar a cabo nuevas actuaciones que favorecieran a los colectivos de mayor fragilidad social, como debería haber sido su objetivo principal.
Así se desprende del Informe de Fiscalización sobre las actuaciones realizadas por los ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social (FEESL), realizado por el Tribunal de Cuentas y al que ha tenido acceso Europa Press.
De los 5.000 millones de euros con que estaba dotado el Fondo, 4.850 millones de euros se distribuyeron entre 8.075 municipios, doce mancomunidades, cuatro agrupaciones de municipios y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, financiándose 25.262 proyectos de inversión y 5.173 de interés social.
"Estos recursos se emplearon para pagar gastos corrientes habituales que las entidades ya habían generado, fundamentalmente gastos de personal, gastos de mantenimiento y conservación y gastos derivados de cursos y talleres, principalmente, cuya financiación, en algunos casos, se había visto comprometida como consecuencia de la reducción de ingresos públicos motivada por la situación de crisis económica", señala el organismo fiscalizador.
Además, apunta que la mayor parte de estas actuaciones se enmarcó dentro de otras "más amplias", de forma que en el momento de realizar la solicitud de fondos al Ministerio los ayuntamientos, con carácter general, no especificaron partidas o personal específico cuyas nóminas serían financiadas, estimando que se financiaría un importe determinado del importe global de la actuación.
Del mismo modo, indica que, como acreditación de las cantidades invertidas, la mayoría de las entidades justificó un montante de gasto realizado superior al importe de la financiacion recibida, correspondiente a la actuación en la que se enmarcaba la autorizada por el ministerio.
No obstante, el órgano fiscalizador añade que no todas las actuaciones fueron ejecutadas por el importe máximo autorizado por el ministerio, y dos actuaciones de carácter educativo se ejecutaron por importe menor al previsto, no recibiendo, por tanto, las entidades que las implementaron toda la financiación prevista.
