MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pedirá al nuevo Gobierno que prohíba la contratación de personas o empresas que no respeten la Ley sobre Infracciones y Sanciones, al incumplir la obligación legal de reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de sus medidas alternativas, según informó hoy la organización.
La organización pedirá la misma medida para aquellas compañías que hayan sido sancionadas con infracción grave en materia de igualdad de oportunidades y discriminación de las personas con discapacidad, entre otros aspectos.
Así, el CERMI elaboró una serie de propuestas para favorecer la inclusión laboral y accesibilidad desde la contratación pública, que pretende sean incluidas en una Orden Ministerial, que exigiría la acreditación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Para tal efecto, la agrupación, pediría que se obligue a las empresas a realizar una declaración sobre el cumplimiento de la norma, la misma que estaría registrada en los pliegos de cláusulas.
Por otra parte, contemplaría la obligación de tener en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, en la definición de las prescripciones técnicas de los contratos. La imposibilidad para incluir estas disposiciones tendrían que ser explicadas por escrito al órgano de contratación.
Asimismo, la agrupación pedirá que se dé preferencia en la adjudicación de los contratos sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras. Para ello, se realizaría una reserva a favor de Centros Especiales de Empleo y de su ejecución a programas de empleo protegido.
El CERMI aglutina a más de cuatro mil asociaciones y entidades de personas con discapacidad, que representan a los casi cuatro millones que hay en España.
