El Defensor solicita un "impulso" del proyecto de Ley de Mediación Familiar
SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, incidió hoy durante su comparencia en el Parlamento Andaluz en que existe un "excesivo protagonismo" de las prestaciones económicas ofrecidas por la Ley de la Dependencia frente a los servicios prestados de manera efectiva a través de la misma, que sufren de "falta de recursos".
Chamizo indicó que esta es una apreciación que se puede realizar a nivel nacional, si bien hay algunas comunidades en las que esta tendencia se observa de manera más acusada. En este sentido, anunció que a finales de septiembre se reunirá con los defensores de las distintas comunidades autónomas para analizar tanto estos datos como las "diferentes velocidades" a las que avanza la aplicación de la Ley en las mismas, algo "inapropiado", pues, "al margen de la situación económica de cada autonomía, la prestación por dependencia debe de ser la misma para cualquier ciudadano".
Asimismo, el Defensor apuntó que, a pesar de todos los beneficios arrojados por esta normativa en sus 18 meses de vida, siguen existiendo "demoras importantes" en los procedimientos pertinentes del reconocimiento de la situación de dependencia y prestación de las ayudas. En este contexto, precisó que desde abril de 2007 a julio de 2008, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha atendido 173.000 solicitudes, que equivales a una media de 12.000 mensuales.
En esta demora interviene, según señaló, tanto la "complejidad de procedimientos de aplicación de baremaciones como la falta de personal valorador, la insuficiencia del período de formación de este personal o la falta de criterio homogéneo a todos los niveles de la valoración de la dependencia".
También hizo hincapié Chamizo en que otros de los principales problemas que presenta esta Ley es la "ausencia de retroactividad" de la misma en muchos casos, así como la "inexistencia del desarrollo normativo del copago, que hace falta de manera urgente". Además, se da en la población, según afirmó, una "disconformidad" con las cuantías otorgadas a través de la prestaciones económicas, "insuficientes" para promover los recursos necesarios. Por último, consideró prioritario la aplicación de los complementos autonómicos sobre los mínimos garantizados a nivel estatal.
Todos estos factores, a su parecer, provocan una "gran desconfianza" tanto en los familiares como los afectados, algo que se ve magnificado por la "desinformación" existente en la población de esta normativa, algo que "debe de paliar la Administración para corregir la decepción que pueden sufrir los ciudadanos".
Por todo ello, Chamizo realizó una serie de recomendaciones al Gobierno andaluz, entre la que señaló la necesidad de "garantizar la suficiente continuidad de la financiación de las prestaciones por dependencia, el reforzamiento de los servicios sociales comunitarios que asumen nuevas competencias con el desarrollo de esta Ley, que se culmine la aplicación del copago, que se incrementos los recursos sociales deficitarios en plazas residenciales y ayuda a domicilio y que no se demore durante más tiempo la creación de la Agencia Andaluza de la Dependencia".
El Defensor solicitó una mayor atención y apoyo a un colectivo, como es el de los mayores dependientes, que "se suele contemplar más como una carga que como una experiencia de sabiduría". Un colectivo que, apuntó, crece cada año, representando en estos momentos la población mayor de 65 años el 15 por ciento de la población.
Además, concretó que según los últimos datos aportados por el Instituto Andaluz de Estadística, que de los 679.000 andaluces que afirman necesitar ayuda para desarrollar aspectos de su vida cotidiana, 487.000 son mayores. Asimismo, precisó que en estos momentos hay reconocidos como dependientes de Grado 3 en nivel I y II en nuestra comunidad 78.570 personas, el doble de los que reconocía el Libro Blanco de la Dependencia, lo que "da idea del reto al que nos enfrentamos".
IMPULSO MEDIACIÓN FAMILIAR
Por otro lado, Chamizo solicitó durante su comparecencia un "impulso" al proyecto de Ley de Mediación Familiar como "medio idóneo para la solución de conflictos familiares en los que los menores son los más perjudicados".
En esta línea, aseguró que la vía judicial no es la "más adecuada" para la gestión de los conflictos familiares, insistiendo en que la presencia de un tercero imparcial en el proceso se "pueden gestionar las controversias y reducir los costes emocionales y económicos".
También se refirió el Defensor a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que "tantas críticas ha recibido", según apreció, incidiendo en que esta normativa "por sí sola no puede poner freno a la delincuencia juvenil, sino que se necesita de la concienciación social de diferentes sectores, la dotación de la misma de los medios personales y materiales necesarios y de la actuación diligente de la Administración ante el fracaso escolar o los problemas de salud mental en la población juvenil".
La diputada del Grupo Popular en el Parlamento, Amalia Palacios, opinó que la Ley de la Dependencia "no está cumpliendo las expectativas planteadas en su día" y que los "problemas en su ejecución coinciden con los que se han presentado en la aplicación de otras normativas, principalmente la imprevisión y la improvisación".
Según Palacios, "son muchos a día de hoy los afectados que aún no están recibiendo ningún tipo de solución a su problema", por lo que el Gobierno Andaluz tiene que trabajar "de manera más realista".
Por su parte, el diputado de IU Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, José Manuel Mariscal, consideró que ha existido una "falta de previsión de la Administración a la hora de enfrentar la magnitud de la demanda ciudadana en materia de dependencia, lo que ha provocado la decepción de muchos usuarios". Por último, indicó que espera que la Ley de la Dependencia "no sea una de las partidas que pague la crisis económica a la que tiene que hacer frente el Gobierno andaluza".
