MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció hoy en el pleno del Congreso que "muchas comunidades autónomas" han empezado ya evaluar a personas en situación de dependencia, con el fin de que puedan acceder "cuanto antes" a las prestaciones y servicios que establece la Ley de Dependencia.
A instancias de la diputada socialista Soledad Pérez, el titular de Trabajo realizó una valoración "muy positiva" de la aplicación de esta norma que, recordó, "está basada en la cooperación entre Estado y comunidades autónomas".
Caldera reconoció que esta norma tiene una "articulación compleja", si bien recalcó que el Ejecutivo "está cumpliendo uno tras otro todos los compromisos asumidos". Así, recordó que desde el 22 de abril está en vigor el baremo que se utilizará para medir el grado y nivel de dependencia.
Fuentes de distintas comunidades autónomas consultadas por Europa Press prevén que comenzarán a evaluar a las personas dependientes a partir del próximo mes de junio con el fin de ofrecer los servicios y prestaciones que contempla la Ley, previsiblemente, antes del otoño. La Generalitat Valenciana es una de las administraciones que ya ha comenzado a evaluar a los primeros dependientes, pero la mayoría de las Administraciones aún se encuentran en fase de recogida de solicitudes.
PRESTACIONES Y SERVICIOS.
Gobierno y comunidades autónomas acordaron en el consejo territorial del pasado 9 de mayo las prestaciones y servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos en situación de dependencia, que son los que recibirán cobertura este año: teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, centros de atención residencial.
También se aprobaron prestaciones de hasta 780 euros mensuales de ayuda económica para adquirir un servicio en el mercado privado o para contratar un asistente personal, así como 487 euros mensuales para cuidados en el entorno familiar.
Caldera recordó que también se acordó la distribución de 220 millones de euros destinados para la financiación del nivel de protección acordado entre el Estado y las comunidades, de los cuales 100 millones irán dirigidos a la creación de infraestructuras. "El Gobierno ha cumplido todos los compromisos y todos los ciudadanos tienen ya plenamente garantizados sus derechos", destacó Caldera.
"LA GRAN DIFERENCIA" ENTRE PSOE Y PP.
Por su parte, la diputada socialista Soledad Pérez destacó que las políticas sociales puestas en marcha esta legislatura "han marcado la gran diferencia entre los gobiernos del partido popular y el PSOE". Según dijo, durante los últimos tres años, las leyes impulsadas "han generado nuevos derechos de ciudadanía que han mejorado y mejorarán la vida de las personas", entre ellas la Ley de la Dependencia.
"La Ley da respuesta a las necesidades de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las familias y en especial de las mujeres, que fueron ignorados durante los ocho años de Gobierno del PP", aseveró
