MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha inadmitido a trámite la solicitud de asilo de 17 de los 22 inmigrantes llegados en una embarcación el pasado 5 de enero a la isla de Fuerteventura que alegaron ser saharauis, según ha informado a Europa Press el portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente.
Estas personas ya recibieron una negativa de la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior tras cursar su petición en frontera, dos días después de arribar a las costas de Canarias, el pasado 7 de enero.
Todos solicitaron entonces que sus peticiones fueran reexaminadas por considerar que la inadmisión no era procedente, ya que alegaban ser saharauis y que, como tales, estaban sometidos a persecución por
parte de las autoridades marroquíes.
ACNUR, entidad encargada de informar todas las solicitudes que se
cursan en España, recomendó al Gobierno en su dictamen que admitiera a trámite las peticiones para poder estudiar en profundidad caso por
caso. Las recomendaciones de este organismo no son vinculantes, pero
ha insistido en que hay indicios fundados para la admisión.
Sin embargo, completado el plazo y realizado el reexamen, el
Gobierno inadmite las solicitudes, de nuevo, por considerar que los casos no se ajustan a las previsiones de la Ley de Asilo y Protección
Subsidiaria en vigor. Según ha explicado esta semana el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Senado, los 17 extranjeros no
acreditaron proceder del Sáhara.
Esto, en el procedimiento en frontera, supone de facto la denegación de asilo, porque al no haber trámite en curso, los extranjeros, que se encuentran en un Centro de Internamiento, no tienen permiso para residir en España y sobre ellos pesa una orden de expulsión.
No obstante, contra la decisión Administrativa cabe recurrir a los
tribunales, extremo al que CEAR está dispuesto a acudir a petición de
los solicitantes porque considera que hay suficiente base para
hacerlo. En este caso, se podría solicitar una medida cautelar que
impidiera la expulsión de los extranjeros en tanto se dirime el
proceso, conforme ha explicado Valiente.
