Greenpeace exige al CSN conocer lo que "realmente" pasó en la fuga radioactiva de Ascó I para depurar responsabilidades

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha trasladado 50 preguntas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para conocer lo que "realmente" pasó en el escape radioactivo que se inició en noviembre en Ascó I para poder "depurar" responsabilidades tanto en la central como en el propio CSN.

Según el grupo ecologista, Ascó I "expuso a la población a un riesgo radiológico innecesario e indebido al ocultar el escape", lo que impidió que se tomaran medidas de protección, como anular las visitas de alumnos a la central nuclear.

Por ello, Greenpeace reclamó al CSN el "total esclarecimiento de los hechos ocurridos", así como una estimación "precisa" del vertido radioactivo emitido desde noviembre. Para el grupo, conocer estos datos es "esencial" para poder valorar el riesgo radiológico para el público, los trabajadores y el medio ambiente, así como para establecer la cuantía de las infracciones.

Al respecto de esta cuantificación, Greenpeace pidió al CSN "que deje de minimizar la trascendencia del suceso" y reconozca que la cantidad de radiactividad de la que ha informado hasta ahora se corresponde exclusivamente a las partículas detectadas los días anteriores al conocimiento público del escape, es decir, casi cinco meses después del incidente.

"La información que el CSN y los titulares de la central han publicado en los días pasados falta al rigor debido y es totalmente insuficiente para dar una explicación lógica del origen y las causas del suceso", consideró el grupo ecologista en un comunicado.

Por ello, Greenpeace lamentó la actitud de Ascó I al asegurar que la ingestión de toda la radiación vertida al medio ambiente no supondría ningún peligro para la salud. "Algo que es radicalmente falso, puesto que no existe un umbral mínimo", dijo la entidad.

Por su parte, el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, afirmó que "conocer lo que realmente sucedió es necesario para que los ciudadanos puedan reclamar la imposición de las sanciones", así como para "iniciar las acciones penales que resulten pertinentes por delito medioambiental y las reclamaciones por vía civil que procedan" si se acredita la existencia de daños a las personas o a la naturaleza.