MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos parlamentarios en el Congreso, menos el PSOE, coincidieron este martes, en el marco de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, en afirmar que la financiación de la 'Ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia' es "inviable para la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de dependencia".
En su comparecencia en esta comisión, la ministra Mercedes Cabrera había anunciado que el Gobierno aumentará en un 33 por ciento hasta alcanzar los 1.158 millones de euros para 2009 la financiación de la ley, una cantidad recogida en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, que, según la titular de Política Social, "va más allá de de lo que dice la memoria económica de la norma".
Por ello, defendió que "nunca" dijo que el presupuesto de la ley iba a verse perjudicado por la crisis económica y señaló que si bien el 'copago' --la cantidad que tienen que pagar los beneficiarios-- y la acreditación de centros "son fundamentales", "hay que darles una vuelta para mejorar su contenido y garantizar el mínimo de calidad en los servicios prestados".
Subrayó, además, que "no se puede funcionar sobre la base de afirmaciones genéricas" y que, para ello, ha pedido a las comunidades autónomas "todos" los datos relativos al despliegue de la ley, como el número de benefiarios efectivos, de personas que están recibiendo las ayudas, que, apuntó, "sólo los tienen las CC.AA".
Sobre la sostenibilidad del sistema, Cabrera señaló que "es necesaria" pero justificó que "todavía ha transcurrido poco tiempo" y que "no hay que olvidar que la filosofía de la norma es garantizar este mínimo común de servicios de calidad a todos". Reconoció, además, que hay más 'cuidadores informales' que lo que la ley preveía, pero que la tendencia es que "esto vaya cambiando en la medida en que se construya una red de asistencia y de servicios".
PP: "ESFUERZO DESCOMUNAL DE LAS CC.AA."
Para la diputada del Grupo Popular, Lourdes Méndez, la financiación de la ley y su sostenibilidad es "es inviable, a pesar de que se esté cumpliendo con la memoria de la norma" ya que a su juicio, sólo es fruto del "esfuerzo descomunal" de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. "Hay que garantizar la sostenibilidad del sistema y no son suficientes los fondos para el nivel mínimo ni para el nivel acordado", advirtió.
En este sentido, puso como ejemplo que un ciudadano con grado de dependencia dos y nivel dos al que la ley le reconoce una prestación de cien euros "tiene que pagar, junto con la comunidad autónoma, el resto hasta completar los 1.800 o 2.000 euros que cuesta una plaza residencial al mes". Asimismo, denunció que a pesar de los 1.158 millones de euros que el Gobierno destinará en 2009 "no es suficiente" para impulsar la formación, sufragar los gastos de las valoraciones o generar puestos de trabajo para las personas cuidadoras.
Asimismo, pidió a la ministra datos sobre el número de los beneficiarios "reales" de la ley en 2007, que según apuntó, "se desconoce cuántas personas han recibido el dinero o las prestaciones". Asimismo, dudó de los "acuerdos alcanzados con algunas comunidades autónomas" en materia de dependencia, por lo que exigió a la ministra "que haya igualdad para todos los españoles en todas las comunidades autónomas, independientemente de quién las gobierne".
CiU: "ESCENARIO DE DECEPCIÓN"
En la misma línea, el diputado de CiU, Carles Campuzano calificó de "mal negocio" para las comunidades autónomas la Ley de Dependencia y aseguró que "el pecado principal" del Gobierno en esta materia ha sido la generación de expectativas sobre los servicios de esta ley, "que hoy explican el malestar de los dependientes, sus familias y las CC.AA.". "Se trata de una complejidad en sí misma, que configura un escenario de decepción que se asocia al mal funcionamiento de las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos", sentenció.
Campuzano, pidió a la ministra "transparencia" sobre el número de prestaciones económicas que se han otorgado, así como en el nivel de ejecución de las previsiones, ya que, a su juicio, "no se puede discutir a fondo esta cuestión si no sabemos las cifras". "Queremos saber el coste real de todos los servicios que contempla la ley, lo que cuesta una plaza residencial o los servicios de una persona que atiende a los dependientes" insistió.
PNV: "ESTÁ TARDANDO DEMASIADO"
"Esta tardando demasiado el despliegue de la ley y no es de extrañar cuando la propia ministra dice que son las comunidades autónomas las que saben lo que está pasando y al ministerio se le escapa la realidad de la situación de la norma", comenzó su intervención el diputado del PNV Aitor Esteban, quien advirtió que la financiación "está resultando a todas luces escasa para los servicios que se tienen que ofrecer".
Por parte de ERC, Joan Tardá preguntó a la ministra si los seis puntos acordados la semana pasada en una moción parlamentaria, que fijaba, entre otras medidas, la territorialidad del 0,7 para fines sociales, van a formar parte del texto de la ley de Dependencia y le recriminó a la ministra que "no haya reparado en este asunto". "Apórtenos datos y explique hasta dónde va a llegar la financiación", increpó Tardá a la ministra.
"La gestión es responsabilidad de las comunidades autónomas, pero la financiación es del Estado", señaló en su turno la diputada de BNG, Olaia Fernández Dávila, que advirtió a Cabrera la necesidad de que el nivel acordado con las comunidades "tenga la suficiente financiación para que la ley se pueda desarrollar". Por último, denunció que las previsiones que se contemplan en la memoria de la ley "ya están superadas por la realidad".
