Actualizado 17/10/2008 15:06

Human Rigths Watch exige al Gobierno que deje de repatriar a los menores extranjeros no acompañados

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lo organización Human Rigths Watch exige al Gobierno que deje de repatriar a los menores extranjeros no acompañados en el informe 'Retornos a cualquier precio: España insiste en la repatriación de menores extranjeros no acompañados sin garantías' que se publicó este viernes y en el que se señala que "el empeño de España por repatriar a los menores extranjeros no acompañados que llegan al país de forma ilegal puede ponerles en situaciones de peligro, trato degradante y provocar su detención".

Se desprende de dicho informe que Andalucía, región que suele servir de entrada a los inmigrantes, "las autoridades han declarado que pretenden repatriar a Marruecos hasta 1.000 menores no acompañados que mantienen bajo su custodia, afirmando que existen todas las garantías".

La investigadora para los derechos de los niños en Europa para Human Rights Watch, Simone Troller, indicó que "España está poniendo en riesgo la integridad de estos niños y debería proporcionar asistencia letrada a los menores de la misma forma que hace con los mayores de edad". "¿Por qué negarles a estos niños tan vulnerables garantías adicionales como el derecho a un abogado independiente?", dijo.

El próximo lunes, 20 de octubre, España comparecerá ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que revisará la aplicación por el gobierno del 'Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos'(PIDCP). Sin embargo, el gobierno español en su informe al comité no prestó atención en la repatriación de menores que llegan al país sin padres ni cuidadores y según investigaciones de Human Rigths Watch y otras organizaciones, demostraron que han violados en repetidas ocasiones sus obligaciones según el PIDCP.

La organización Human Rights Watch exige al Gobierno que proporcione asistencia letrada a todos los menores no acompañados en el transcurso de un procedimiento de repatriación, que adopte una reglamentación que establezca la obligación por parte del gobierno de llevar a cabo una determinación del interés superior del menor y una evaluación de los riesgos antes de tomar una decisión de repatriación y que establezca procedimientos que permitan un seguimiento.