El ICAV denuncia a la Policía por la expulsión de un inmigrante

Actualizado 20/03/2015 17:09:07 CET

Las deportaciones sin pasar por el CIE son ya más numerosas, pese a la posible merma de garantías legales para el afectado

   MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de Instrucción número 4 de Paterna (Valencia) ha admitido a trámite una querella del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) contra los responsables del Grupo de Extranjeros de la Comisaría Nacional de Policía de Burjassot y sus instructores por irregularidades en la 'expulsión express' de un inmigrante a quien se habría privado de su derecho de defensa.

   La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue admitida a trámite a finales del mes de febrero, decisión del tribunal que ha sido recurrida por la Abogacía del Estado en representación de la Policía al entender que el ICAV no tendría potestad de interponer una denuncia de estas características. No se ha resuelto aún este recurso.

   Se trata del caso de A.M., cuyo marido fue deportado sin pasar por el Centro de Internamiento de Extranjeros en lo que se conoce como "expulsión express", aquella que ejecuta la policía directamente desde comisaría durante las 72 horas que una persona puede estar detenida. Según la querella, los instructores del expediente engañaron deliberadamente a esta mujer y a las abogadas de su marido para ejecutar la deportación.

   El periplo de este matrimonio ecuatoriano empezó el pasado 22 de noviembre, cuando ella, residente legal en España, fue llamada a comisaría "para un trámite necesario del procedimiento de su solicitud de nacionalidad española" en el que necesariamente debía estar acompañada de su marido, G.M., pues de otro modo, "no sería válido". Él estaba en situación irregular.

   El matrimonio se presentó y se encontró con que el trámite no existía. Detuvieron al marido y le incoaron un procedimiento preferente de expulsión por cinco años. Le impusieron como medida cautelar comparecer cada quince días en comisaría. Una abogada de oficio presentó, entre otras alegaciones, que su mujer tenía un permiso de larga duración.

   El 21 de diciembre, un día antes de tener que volver a comparecer en comisaría en cumplimiento de la medida cautelar, recibieron una nueva llamada de la policía pidiéndoles que se personasen "inmediatamente, diciéndoles que al día siguiente tienen mucho trabajo y no les iban a poder atender, e insistiendo para que fuese ese mismo miércoles para firmar la comparecencia".

   "Acuden de nuevo ambos cónyuges y se encuentran con que en lugar de firmar la comparecencia, G.M --el marido-- es detenido con la clara intención, si bien nunca avisada ni confesada, de ejecutar la expulsión al día siguiente, resolución de expulsión que tenían guardada desde hacía tiempo sin notificar a la letrada", expone en su querella el Colegio de Abogados.

LES DIJERON QUE IBA AL CIE Y LE EXPULSARON

   Según afirma, "con total conocimiento de su falsedad y con la única intención de impedir que se articularan los medios oportunos de defensa, a ella se le dice que se vaya a su casa porque van a llevar a su marido al Centro de Internamiento de Valencia, que al día siguiente lo pasarían a disposición judicial y que allí podría verlo", algo que no se le permitió ni en ese momento ni esa misma tarde.

   La abogada contactó con el grupo de extranjeros de la Policía de Burjassot y siempre según la querella, recibió el mismo mensaje "con manifiesto desprecio de la verdad, mala fe y claro ánimo de impedir o entorpecer el ejercicio de los derechos da la tutela judicial efectiva".

   Le dijeron que el objetivo era poner a su defendido a disposición judicial para su ingreso en el CIE, aunque se haría al día siguiente porque en aquel momento en centro no tenía plazas disponibles. Una tercera persona, otra abogada contactada por la letrada y la mujer del afectado, fue informada en los mismos términos por un instructor de esta comisaría. A ninguna se le facilitó el decreto de expulsión que reclamaban.

   A la mañana siguiente, las letradas estaban en el juzgado y dispuestas a defender que este hombre no debía entrar en el centro de internamiento de extranjeros para ser expulsado. Recibieron entonces una llamada de la esposa. Él había contactado por teléfono con ella justo antes de ser conducido al avión rumbo a Ecuador en el que en esos momentos se estaba ejecutando su expulsión del país.

EL GOBIERNO LE DIO LA RAZÓN

   "Se hubo consumado así el engaño que ha impedido el ejercicio de una tutela judicial efectiva tanto ante el Juzgado de Instrucción, que a buen seguro hubiera denegado el internamiento, como ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que a buen seguro hubiera concedido una suspensión cautelar y urgente de la expulsión, posteriormente ratificada en forma de suspensión cautelar, para finalmente invalidar el decreto", explica la querella.

   Este hombre pudo pese a todo, volver a España, pues conforme explica el escrito del Colegio de Abogados de Valencia, tras "reconocer los excesos cometidos por la policía de Burjassot, la Subdelegación del Gobierno accedió a revocar la orden de expulsión y a que se tramitase en su favor un expediente de reagrupación familiar".

   "En caso de que no se hubiera producido la acción criminal aquí denunciada, una defensa mínimamente articulada en derecho, como era la intención del equipo de abogadas interviniente, hubiera evitado con toda seguridad y en justicia que G.S. se haya visto obligado a permanecer separado de su familia durante un periodo de tiempo de 131 días", explica, para pedir una indemnización en consecuencia.

"UNA TOMADURA DE PELO"

   El ICAV afirma que "esta forma de actuar por parte del Grupo de Extranjeros de la Comisaría de Burjassot está siendo reiterada en otros casos" y recoge el informe de otras dos letradas que denuncian situaciones similares de "confusión premeditada, desinformación y mentiras a la defensa con el fin de impedir su legítimo ejercicio".

   Una de ellas habla de la "verdadera tomadura de pelo" que se produjo con la deportación de un ciudadano colombiano en circunstancias similares, en menos de 24 horas y sin comunicar el decreto de expulsión a la abogada para que pudiera recurrir. La otra, denuncia además de todo esto, que a su defendido lo deportaron a una ciudad de la que ni siquiera procedía. En ambos casos, eran personas que habían entrado siendo menores de edad en España y que llevaban aquí más de una década.

MÁS DEPORTACIONES 'EXPRESS' QUE DESDE EL CIE

   Las deportaciones express no son un fenómeno nuevo. Abogados y ONG vienen denunciando que esta vía, generalizada durante los últimos tres años y amparada por la legislación, puede suponer una reducción de las garantías legales de la persona expulsada, tanto por el limitado margen de actuación (72 horas o menos) como por el hecho de que se ejecutan órdenes dictadas con anterioridad, sin evaluar sin las circunstancias del afectado han cambiado.

   En 2013, primer y único año del que se conocen cifras oficiales al respecto, la policía ejecutó directamente la expulsión de 6.462 personas desde sus instalaciones, frente a las 4.726 que fueron deportadas tras pasar por un Centro de Internamiento, conforme reveló el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito a Amaiur a finales del año pasado.

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