Afirma que si los culpables de la violación de una niña de 13 años en Córdoba no reciben un castigo severo, "el riesgo de que uno de ellos viole de adulto, es altísimo"
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El psicólogo clínico y primer Defensor del Menor, Javier Urra, advirtió hoy de que la frontera entre el bien y el mal "se está difuminando" para cada vez más jóvenes y niños que, como los que presuntamente violaron esta semana a una niña de 13 años en Córdoba, desarrollan "conductas bastardas" sin tener muy clara su gravedad.
En una entrevista concedida a Europa Press, Urra incidió en que se debe distinguir entre la conciencia, la responsabilidad y la imputabilidad en casos como éste, ya que si bien a partir de los 7 años de edad "uno es consciente de todo lo que hace", eso no significa que sea responsable de sus actos, ni que los mismos le sean imputables.
Así, explicó que mientras un violador busca un lugar oscuro y donde sabe que corre poco peligro de ser descubierto, estos chicos supuestamente forzaron a la menor en un patio de vecinos, a plena luz del día, en las inmediaciones de una piscina municipal, lo que hace pensar al experto que "posiblemente no fueran conscientes de la gravedad de lo que hacían".
"Cada vez nos llegan más casos de estos y con chicos cada vez más jovencitos que siguen pensando que no han hecho nada malo", apuntó Urra, para incidir en que esto revela "un problema mucho más grave para la sociedad: una especie de nube tóxica que envuelve a algunos jóvenes y niños impidiéndoles discernir entre el bien y el mal".
No obstante, ante la comisión del delito de forma colectiva, planteó la posibilidad de que para alguno de los chicos la agresión sexual "estuviera más prevista de lo que parece y se amparase en los demás para convertirla en una anécdota", porque "los grupos son peligrosísimos en muchos sentidos".
SIN CASTIGO SEVERO NO HAY REEDUCACIÓN
En cuanto a la imputabilidad de los hechos, Urra apuntó que "es necesario" rebajar la edad mínima para ser imputado de los actuales 14 años hasta los 12 años de edad en los casos de "agresión sexual, homicidio y multireincidencia", pero advirtió de que esto "es una tragedia social y un fracaso educativo total de la sociedad", porque "las cárceles están llenas y los centros de menores abarrotados" y, sin embargo, siguen teniendo lugar sucesos de este tipo.
En este sentido, planteó que el Código Penal se puede endurecer para los menores como se ha hecho en ocasiones anteriores pero señaló que "el problema no está en la ley" sino en su aplicación, ya que generalmente "no se impone" la pena máxima de 8 años de privación de libertad contemplada para delincuentes menores, sino que las condenas se quedan en dos o tres años.
"Estoy convencido de que a un menor hay que darle una segunda oportunidad, pero siempre después de un gran castigo, porque terapéuticamente el castigo es esencial y si no lo reciben, van a creer que todo ha sido una anécdota. Como los padres se pongan a defenderles y la sanción sea muy leve, el riesgo de que uno de ellos viole de adulto, es altísimo", advirtió.
Por ello, en opinión de Urra, en éste y en otros casos similares, el expediente del agresor no debería destruirse cuando cumple la mayoría de edad, como se hace actualmente, sino transferirse inmediatamente a las autoridades, porque, según alertó, "cuando uno observa a los abusadores adultos se da cuenta de que empezaron de jóvenes".
