MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Anteprotecto de reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria en el que trabaja el Gobierno protegerá por igual a los refugiados y a quienes necesiten ayuda por "razones humanitarias", porque contempla la equiparación de estas dos categorías de protección internacional, según el informe sobre la nueva norma elaborado por el Ministerio del Interior y publicado este viernes por el Consejo de Ministros.
En rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo, la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta reforma persigue adaptar la legislación española a las nuevas normas comunitarias de cara al Sistema Europeo Común de Asilo.
Así, el texto "regula el núcleo esencial de la protección internacional", reconociendo los derechos que se desprenden de la Convención de Ginebra sobre asilo y refugio, la no devolución del refugiado al país donde sufre persecución, la autorización de residencia y trabajo, y a la expedición de documentos de identidad y de viaje, entre otras prestaciones sociales que en España, desarrollará el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Además de la equiparación entre protección subsidiaria y asilo, la nueva ley marcará la separación entre los ámbitos de asilo y extranjería de forma que se permita reconocer el estatuto de refugiado "únicamente a quienes no ofrezcan dudas en su temor fundado de sufrir persecución por los motivos tasados en la Ley". Así, el Gobierno pretende impedir "que el asilo pueda utilizarse de manera fraudulenta por parte de inmigrantes económicos", explica el informe.
Entre estos "motivos tasados en la Ley" se incluirán la persecución por razones de género y orientación sexual "siempre y cuando en el país de origen estas circunstancias sean determinantes para que la persona sea catalogada como miembro de un determinado grupo social perseguido".
ACNUR Y REASENTAMIENTO
El texto remitido por Interior introduce asimismo un capítulo para regular el papel que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ejerce en el procedimiento de asilo, de modo que "se regula expresamente su intervención en la tramitación de las solicitudes, así como su condición de miembro en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio".
Por otra parte, en el anteproyecto establece que se podrá reasentar, mediante la fijación de un cupo y con la intervención del ACNUR, "a un número de refugiados establecidos en países limítrofes al de su origen y donde, pese a ser refugiados, no tienen garantizada la no devolución a éste, corriendo peligro".
Además, desarrolla y pormenoriza la exclusión, revocación y cese de la protección internacional, "dotando al sistema de las cautelas necesarias para evitar que el estatuto de refugiado se desvalorice y pueda abusarse de su contenido para cometer delitos graves o actividades atentatorias contra la seguridad del Estado".