SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 May. (EP/IP) -
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de La Orotava ha requerido a Marina Perera, madre de acogida de la niña Piedad (nombre supuesto), que revele dónde se encuentra la menor para su posterior entrega a la Dirección General del Menor en un plazo de 24 horas. En caso contrario, advierte que se incurrirá en un delito de "quebrantamiento de los deberes de custodia y en el de desobediencia, previstos en los art. 223 y 556 Código Penal con penas de prisión, y en cualquier otra infracción penal que pudiere proceder".
El Juzgado ha descrito como de "obstinada" la "conducta de la acogedora Marina Soledad Perera Pérez", ya que, a su juicio, actúa movida por su particular interés de adulta y no por el de la niña.
"Marina Soledad y su entorno pueden estar proyectando sobre la menor sus propias tensiones emocionales con el consiguiente maltrato psicológico, situación que no puede ser contrastada y evaluada convenientemente por los técnicos competentes, pues la acogedora lo impide ocultando a la niña hasta el punto que, en la actualidad, se desconoce absolutamente dónde y en qué situación se encuentra la pequeña", añade la sentencia.
El abogado de la familia de acogida, Juan Manuel Fernando Del Torco, anunció esta mañana en rueda de prensa que ha recurrido la sentencia en la que se establece el ingreso de la niña en el centro como paso previo a su integración con su madre biológica y destacó que el estatus jurídico de Piedad ya no es el de acogimiento provisional preadoptivo, sino el de adopción "al haber transcurrido más de un año en preadopción".
El abogado, que ironizó al "felicitar" a la Justicia por la "velocidad" con la que lleva este caso, baraja ahora recusar al presidente de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial, Ricardo Moyano, para incidencias futuras, por sus declaraciones hace unos días a un periódico de Las Palmas, en las que, según Del Torco, "adelantaba ya el resultado de la sentencia" que la Audiencia dictó el miércoles, "cuando señalaba que no era malo que la niña ingresara en un centro de acogida".
Por otro lado, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias ha interpuesto una denuncia por sustracción de menores, ya que considera que la familia de acogida no ha ejecutado la sentencia que obliga a ingresar a la niña en un centro de menores.
La asociación para los derechos del niño Prodeni no comparte tampoco la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas porque entiende que no se ha tenido en cuenta los derechos e intereses de Piedad, a la que en su opinión se ha degradado "a simple objeto de litigio".
Prodeni afirma en un comunicado que se ha dilucidado sobre una pugna entre instituciones y entre adultos y se ha desvestido a la niña de su humanidad "arrebatándole sus atributos de persona y su titularidad de derechos".
Prodeni acusa a la Dirección General de Protección del Menor del Gobierno de Canarias de vender a la niña por "el plato de lentejas" de la presión judicial porque hasta ese momento "la familia acogedora gozaba de todas las prerrogativas de una Dirección General que hacía todo lo posible por mantener alejado de Piedad el duro puño de la acción de la Justicia".
Esta mañana, sobre las 12 horas, amigos y miembros de organizaciones solidarias, así como familiares se manifestaron en silencio frente a la Dirección General del Menor de Santa Cruz de Tenerife y también ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, en señal de protesta de cómo se ha llevado el caso y por la "desmesura" y los traumas provocados que ha generado el procedimiento "donde la menor ha sido ignorada y se han vulnerado todos sus derechos", resalta Prodeni en un comunicado.
