CEAR advierte de que España acabará como el país transalpino "si no es capaz de suscribir un consenso social básico sobre inmigración"
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
ONG españolas de defensa de los Derechos Humanos y de asistencia al colectivo inmigrante pidieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que interceda ante la Unión Europea para promover una condena en firme y sanciones concretas a Italia por su política de inmigración ya que, afirman, "viola los Derechos Humanos".
El secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, incidió en la "responsabilidad" que tienen todos los Estados miembros de la UE en lo que ocurre en Italia e instó al Gobierno español a "promover un respeto sin restricciones a los valores básicos de la Unión". "Una cosa es que los Estados regulen la inmigración de una forma, y otra cosa es fomentar desde un gobierno el racismo y la xenofobia, algo intolerable", sentenció.
CEAR reclama a la Unión Europea "que intervenga de manera decidida, no simplemente con declaraciones sino utilizando los marcos jurídicos de que disponen la Comisión y el Consejo para obligar a un miembro como es Italia a que cese en una campaña que claramente está teñida de xenofobia y racismo".
Valiente declaró a Europa Press que tanto el origen de los altercados callejeros entre italianos y gitano-rumanos como el endurecimiento de la política de inmigración del Ejecutivo Berlusconi tienen su origen en "un lamentable sentimiento de xenofobia que ha sido alentado por discursos públicos y el enfoque inadecuado de los medios de comunicación".
"Una vez que se inicia esa forma de abordar la inmigración es incontrolable", denunció el responsable de CEAR para después lanzar una clara advertencia: España acabará como Italia si no es capaz de suscribir "un consenso social básico" sobre la inmigración. De otro modo, "la situación objetiva conducirá a fenómenos parecidos" a los acontecidos en aquel país, opinó.
CONDENA A LAS EXPULSIONES COLECTIVAS
Argumentario similar esgrimen en SOS Racismo, cuyo portavoz, Javier Ramírez, atribuye al discurso político los brotes de racismo entre la población. "Se ha venido levantando un discurso xenófobo que se ha traducido en estas consecuencias y, ahora, el Gobierno italiano impulsa un decreto para criminalizar a los irregulares como respuesta a ese discurso", declaró Ramírez a Europa Press.
La organización, que "condena las expulsiones colectivas que parece que se están realizando" en Italia, pone el acento en que "un territorio de supuestas libertades como la UE no debería tolerar este tipo de medidas" por lo que pide a España que "siga denunciando" al Gobierno de Berlusconi, "promueva una condena" europea y un giro hacia "políticas en defensa de los Derechos Humanos lejos de directivas de retorno".
Por su parte, el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Rafael Lara, culpó al propio Gobierno de la Unión, porque a su juicio, promover un endurecimiento de la política común en materia de inmigración ha impulsado "actuaciones extremas como la del Ejecutivo italiano".
"Queremos que el Gobierno español adopte una actitud claramente distanciada de esta política italiana pero no sólo con declaraciones, sino liderando en la UE una condena en firme, exigiendo al Gobierno italiano que dé marcha atrás y promoviendo el respeto por los convenios internacionales y los Derechos Humanos", declaró Lara a Europa Press.
