Patronal y sindicatos se unen para reclamar al Gobierno un plan que haga "efectiva" la Ley de Dependencia

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y las principales patronales vinculadas a la dependencia se han unido este martes para exigir al Gobierno la puesta en marcha de un plan que haga "efectiva" la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con una apuesta presupuestaria suficiente.

Así lo han trasladado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, Antonio Cabrera, el presidente de la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), Alberto Echevarría; el representante de Federación LARES, Antonio Molina; y el presidente Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jorge Guarner; entre otros.

Según han explicado, no se entiende que las administraciones públicas no vayan a hacer un "esfuerzo adicional" para mantener "un servicio tan importante para la ciudadanía", por lo que reclaman la adopción de medidas "oportunas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo" con un "marco claro, estable y transparente" que permita a la iniciativa privada invertir y, así, crear empleo.

En este sentido, Echevarría ha afirmado que las administraciones públicas deben 1.500 millones de euros a las empresas de servicios de dependencia de toda España, "900 los ayuntamientos y 600 las comunidades autónomas" y ha recordado que, mientras, "sólo el 26 por ciento" de los dependientes atendidos están recibiendo cuidados profesionales.

A su juicio, las administraciones no pueden seguir obviando que la inversión en dependencia genera "importantes retornos", crea "empleo de calidad y genera riqueza". "España tiene que hacer lo que sabe hacer", ha destacado el representante de la FED, para incidir en que este sector debe, a su juicio, "convertirse en el nuevo modelo productivo de la economía española".

Sindicatos y patronal han suscrito un documento que recoge ésta y otras reivindicaciones, como "que para conseguir la máxima calidad en la prestación de los servicios es necesario que se den unos requisitos mínimos y homogéneos de calidad y acreditación muy superiores a los actualmente exigidos" o que las adjudicaciones deben realizarse a "unas tarifas adecuadas al coste real de los servicios que se presten".

Guarner ha explicado que el documento será elevado a la Defensora del Pueblo porque se trata de "defender derechos de los ciudadanos", ya que la Dependencia "no es una ley de subsidios", sino el reconocimiento de un derecho objetivo. Además, se planteará a los "principales" partidos políticos, a fin de ver que tenga sus frutos en el Congreso de los Diputados.

En paralelo, los sindicatos, constituidos en la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar, se manifestarán el próximo día 29 contra los recortes en los servicios sociales en general y en el sector de la dependencia en particular.