Propone establecer un plazo adicional de 30 días de internamiento en centros para poder completar los trámites de expulsión de los inmigrantes irregulares
MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular registró este jueves en el Congreso una Proposición de Ley para la reforma de la Ley de Extranjería que recupera su propuesta de crear un 'contrato de integración' de firma obligatoria para inmigrantes y contempla, entre otras medidas, la limitación de las regularizaciones por arraigo y por reagrupación familiar, dos figuras que según la formación, sirven para que el Gobierno esté "haciendo regularizaciones masivas de forma encubierta".
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y el vocero del grupo parlamentario en materia de Inmigración, Rafael Hernando, dieron cuenta hoy en rueda de prensa de esta iniciativa registrada con forma de Proposición de Ley para su debate en el Pleno y explicaron que su objetivo es dar una respuesta cuando "el flujo de la población extranjera se ha convertido en un auténtico caos" y el Gobierno "no está ni se le espera".
En este sentido, Hernando afirmó que "el efecto llamada del Gobierno con la regularización masiva de 2005 se ha visto continuado por el efecto anuncio", que consiste en proponer en público un cambio de la legislación "y no llegar a materializarlo". En su opinión, la publicación esta semana de la intención del Ejecutivo de reformar la ley para que no se expulse a las inmigrantes irregulares víctimas de violencia de género es "otra de estas políticas de anuncio". "Hay que tener en cuenta también y valorar los impactos que anuncios como estos tienen, no vayamos a intentar arreglar un asunto empeorándolo", advirtió.
Sobre la reforma en sí, además de incorporar las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen a los inmigrantes su derecho de reunión, asociación, afiliación y sindicación independientemente de la situación administrativa en que se encuentren en España, propone modificaciones sobre los tres mecanismos de entrada y estancia legal que ofrece el país a los extranjeros: el arraigo, la reagrupación familiar y la contratación en origen, así como cambios sobre los controles de fronteras y la gestión de devoluciones.
LIMITACIONES EN LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
En cuanto al primer asunto, el PP propone restringir las reagrupaciones de forma que el extranjero que viva en España sólo pueda reagrupar a sus hijos menores y a su cónyuge, pero no a los familiares de éste. Además, ninguno de los reagrupados podrá a su vez, reagrupar a otros parientes. En cuanto a sus padres, abuelos o suegros, sólo podrá introducirles en España si lleva más de cinco años residiendo legalmente en el país y "sólo podrán adquirir una autorización de residencia independiente cuando tengan autorización para trabajar", según la propuesta.
Respecto al arraigo, la formación aún no plantea medidas concretas, pero sí una disposición final en la que reclama un "informe" del Gobierno que exponga en qué términos se están concediendo permisos de residencia por esta vía, ya que según Hernando, "se ha convertido en una figura para regularizar a los que entran ilegalmente en España" y que permanecen "en la economía sumergida" hasta pasado el plazo para poder solicitar la tarjeta de residencia. "Queremos que el arraigo no se convierta en un coladero y sea para esas personas, como los estudiantes, que tienen un permiso de estancia por un tiempo determinado y deciden quedarse indefinidamente", apostilló.
Mediante una disposición adicional, la propuesta recupera el 'contrato de integración' que ya propusiera el PP en campaña electoral, en los mismos términos que entonces: lo tendrían que firmar los extranjeros que quisieran renovar su primera autorización de residencia y les comprometería a aprender el idioma y "respetar las leyes, derechos, usos y normas" de España, según explicó Hernando.
"40+30 DÍAS" EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO
Otra de las medidas que plantea la reforma del Partido Popular consiste en respetar el actual plazo de 40 días establecido como límite de tiempo para retener a un inmigrante irregular en un centro en espera de su expulsión. La formación considera que ese lapso es "suficiente" para completar los trámites, aunque solicita que se establezca un "plazo extraordinario de 30 días" adicionales de internamiento para los casos en que sea necesario.
En concreto, la propuesta fija los cuarenta días "sin que en ningún caso pueda acordarse un nuevo internamiento", mientras introduce que "excepcionalmente, este periodo podrá ampliarse en 30 días más mediante petición justificada por el Instructor. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá fijar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado".
Por último, la iniciativa introduce la 'tarjeta azul' impulsada por la UE para la movilidad de trabajadores cualificados; establece en una disposición adicional la prohibición de las regularizaciones masivas y solicita un informe sobre la aplicación y funcionamiento del contrato de integración.
