La organización señala el "hacinamiento" en el centro de retención de Nuadibú y pide al Gobierno que deje de "mirar a otro lado"
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El director de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, denunció este martes que la "presión" de España está provocando que en Mauritania se "violen los derechos humanos" de los inmigrantes, tanto de los expulsados desde Canarias como de los que la policía de aquel país detiene "arbitrariamente" y devuelve a Senegal y Malí "sin control judicial ni derecho a apelación".
Amnistía presentó hoy en Madrid el informe 'Nadie quiere tener nada que ver con nosotros', un estudio dirigido por el experto de la organización Salvatore Saguès, que describe la situación de los ciudadanos procedentes de distintos países africanos que acaban en Mauritania y que "no siempre" tienen el fin de emigrar a Canarias.
Según el estudio, desde que España mantiene acuerdos con Mauritania para que acepte a los inmigrantes que llegaron a suelo español desde sus costas, el país ha iniciado una persecución de los extranjeros, que son detenidos "sin pruebas", "cuando deambulan por las calles", se "suben a un taxi" o "en su casa", bajo "sospecha" de querer emigrar y con el "pretexto" de contener el flujo ilegal de subsaharianos a Canarias.
La organización considera por ello que las autoridades están "violando los derechos humanos de forma preventiva" porque las detenciones se realizan "sin tener pruebas" de que los arrestados tengan intención de abandonar el país con destino a España, ya que no siempre se trata de personas sorprendidas en la playa embarcando en un cayuco.
Este fenómeno, provocó, según datos recabados por AI, que Mauritania dejara en 2006 a 11.600 personas en las fronteras con Malí y Senegal, una cifra que llegó a los 7.100 en el año 2007. Para Beltrán, mientras esto ocurre, el Gobierno español "mira a otro lado".
En el caso de los expulsados desde Canarias, señaló que los inmigrantes arriban en vuelos hasta la capital de Mauritania, Nuakchott, desde donde son conducidos por las autoridades hasta Malí o Senegal. Según la organización, llevan "cincuenta euros en el bolsillo" y no denuncian malos tratos por parte de las autoridades españolas, pero sí señalan que no fueron informados sobre el destino final del vuelo en el que iban a ser trasladados.
El informe expone que durante la visita de la ONG, "la delegación se enteró de que del 28 de febrero al 6 de marzo de 2008 las autoridades mauritanas habían recibido tres solicitudes para la readmisión de un total de 274 migrantes, incluidos 14 menores de edad". En este sentido, AI denuncia que España está repatriando a personas a un país que no garantiza sus derechos, especialmente cuando se trata de menores de edad.
EL CENTRO DE NUADIBÚ QUE REFORMÓ ESPAÑA
A esto hay que sumar, según la organización, que los policías del país africano "pegan, insultan y roban" a los inmigrantes y los mantienen en condiciones de "hacinamiento total" en el centro de retención de Nuadibú, al norte del país. La instalación recibe de media entre 200 y 300 internos al mes, que permanecen de entre dos y tres días, ya que "los quieren fuera lo más rápido posible y en cuanto se juntan 20 o 30 los meten en un autobús" camino de la frontera.
Fletar cada autobús "tiene un coste de entre 800 y 1.000 euros", explicó Seguès. Las autoridades mauritanas dicen que la financiación procede de "fuentes internacionales" y España manifiesta una "opacidad total" al respecto, apuntó Beltrán, que se preguntó de dónde sale el dinero para pagar estas "expulsiones colectivas".
Los responsables del estudio explicaron que el centro de Nuadibú es una antigua escuela construida por España y las instalaciones fueron reformadas con fondos de la Cooperación española y adaptadas "muy bien" a su actual uso como centro de inmigrantes. La organización denuncia que, sin embargo, cuando la gestión fue transferida al Gobierno de Mauritania "desapareció" toda la aportación española.
De este modo, Amnistía señala que el centro ha quedado reducido a "dos celdas" donde convivían 62 personas cuando la ONG la investigación y constató que no tenían permitido salir de ese espacio, donde hay un urinario, ni recibir a un abogado. "Sólo Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen permiso para acceder", y lo hacen "para llevar la comida" a los internos, explicó Beltrán.
"La responsabilidad con los derechos humanos no debe acabar en las fronteras" y los acuerdos de readmisión con Mauritania "no incluyen ni una cláusula sobre derechos humanos", denunció el director de AI, quien exige al Gobierno que ponga fin a "las expulsiones colectivas haciendo que se examine cada caso con asistencia letrada". Asimismo, la organización solicita que se impongan condiciones sobre derechos en todos los acuerdos de readmisión para garantizar que la ayuda española no financiará malos tratos.
