PSOE, PP y CiU en el Congreso apoyan la Directiva de Inmigración mientras el resto de grupos cuestionan su legalidad

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios PSOE, PP y CiU celebraron hoy la aprobación en Estrasburgo de la Directiva europea de Retorno para inmigrantes, un texto que rechazan el resto de formaciones que componen la Cámara Baja por considerarlo "excesivo" e incluso contrario a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras medidas, la nueva norma da a los Estados la posibilidad de retener a los extranjeros pendientes de expulsión hasta 18 meses en centros de internamiento.

Para la portavoz del PSOE en la Comisión de Inmigración del Congreso, Concepción Gutiérrez, aunque el Parlamento Europeo ha rechazado el greso de las enmiendas presentadas por los socialistas, el texto final es un "logro" porque "establece unas garantías mínimas" para los inmigrantes, permite a la UE "establecer cada tres años un control del fenómeno mediante informes" y empuja a los países miembros a seguir avanzando en una política común de inmigración.

Sobre los aspectos más polémicos del texto aprobado, como la prohibición por cinco años de entrada al territorio europeo de quienes hayan sido expulsados o la ampliación del plazo de retención, la diputada socialista destacó en declaraciones a Europa Press que la directiva "no afecta a España, que tiene un sistema más garantista".

En la misma línea se manifestó el vocal 'popular' en materia de Inmigración, Rafael Hernando, quien, tras celebrar que los socialistas europeos refrendaran la iniciativa en Estrasburgo, expresó a Europa Press su confianza en que "se sigan dando este tipo de pasos" en la política común europea y que estos sirvan para que el Gobierno de España "asuma" que debe emprender "un cambio de rumbo" en materia de inmigración, y "prohíba por ley de forma definitiva las regularizaciones masivas".

El mensaje de CiU se centra en destacar el hecho de que se haya aprobado la norma. Para la formación ha habido "mucha exageración" con la Directiva de Retorno, una norma que a su juicio "fijará unos derechos en aquellos países donde no hay ninguno, como Grecia y Alemania" marcando "unos límites" en los Estados donde hay "una mayor protección a los inmigrantes, como es el caso de España". La alternativa era "o ésta o ninguna", sostiene la formación catalana.

CUESTIÓN DE LEGITIMIDAD

No es esta la opinión del resto de los grupos de la Cámara baja, que han reiterado su posición crítica respecto de la Directiva de Retorno desde que esta comenzó a ser analizada por la Comisión Europea. Este es el caso del PNV, cuyo portavoz, Emilio Olabarría, declaró a Europa Press que "el Gobierno español podría haber hecho mucho más" por enmendar una norma que "recupera la visión del fenómeno de la extranjería en términos de 'problema'". "Tiene puntos muy discutibles y esperemos que no se apliquen, porque tenemos dudas muy severas sobre su legitimidad", aseveró.

Mientras, el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, aseguró que esta decisión "atenta contra los derechos humanos" de los inmigrantes, y añadió que el respaldo de los socialistas españoles a esta medida supone "un giro a la derecha" realizado por miedo a perder votos, lo que demuestra su "falta de convicciones democráticas". "Su actitud es peor que cobarde", destacó en declaraciones a Europa Press.

A su vez, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, subrayó que la posibilidad de retener 18 meses a los 'sin papeles' en los centros de internamiento es "desproporcionada", porque "60 días son suficientes para hacer las gestiones de repatriación". "La norma ni es disuasoria, ni aumenta las garantías de los extranjeros ni resuelve los problemas de la inmigración", sentenció en declaraciones a Europa Press.

"Radical oposición" es la que manifestó el portavoz de ERC, Joan Tardá, para quien esta norma es "de las mayores vergüenzas de la Democracia, porque consolida actuaciones cada vez más aceptadas por los partidos de derecha e incluso de izquierdas de europa tendentes a devaluar los Derechos Humanos". "Los derechos fundamentales no pueden depender de la coyuntura política: O se respetan o no", sentenció el diputado.