MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Técnicos del Ministerio de Hacienda, el denominado Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha) denunciaron hoy la existencia de fraude en el acceso a las ayudas que el Ministerio y las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas conceden cada año a una parte de las familias españolas con el fin de contribuir a sufragar total o parcialmente los gastos derivados de la 'vuelta al cole'.
Los libros de texto, el comedor, el uniforme, la matrícula y el transporte escolar conllevan unos gastos estimados por familia de entre 223 y 1.640 euros, según la Unión de Consumidores de España (UCE).
Gestha explica en un comunicado que la valoración de la renta anual de cada familia es uno de los criterios más importantes -junto con la proximidad al domicilio, la situación de discapacidad, la pertenencia a familia numerosa, etc.- a la hora de asignar este tipo de ayudas y servicios sociales. Así, la declaración del IRPF de cada contribuyente sirve de base para determinar quiénes tienen derecho a recibir, en función de su nivel de ingresos, prestaciones económicas para la compra de libros, el transporte escolar, becas para el estudio e incluso para la elección del centro de enseñanza.
Sin embargo, los técnicos aseguran que la declaración de la renta no constituye un "indicador real" de la capacidad económica de una familia ni un "instrumento fiable" para asignar las ayudas educativas, ya que, en su opinión no plasman objetivamente el nivel de ingresos de determinados colectivos profesionales, autónomos y empresarios, que se aprovechan de la impunidad fiscal existente "para declarar rentas inferiores a las que realmente perciben".
"El asalariado tiene una retribución media de 19.800 euros, sin embargo, en aquellas actividades que no están sujetas un control tan estricto como nuestros sueldos, la declaración da lugar a una situación incomprensible en la que la actividad de un arquitecto o de un fontanero se corresponde con una renta de 9.800 euros", dijo a Europa Press el consejero de Gestha, Javier Sánchez, que se muestra convencido de que los sectores profesionales y empresariales no declaran "en su integridad todos los ingresos". Así, el técnico calificó de "paradoja" que tengan a acceso a una beca de comedor, por ejemplo, personas que aparentemente cuentan con una capacidad económica más alta.
CARENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Desde Gestha se advierte de que los asalariados tienen un "escaso margen" de fraude fiscal al estar sometidos a un férreo control por parte de Hacienda, mientras que a los profesionales, empresarios y autónomos les resulta más fácil "ocultar" la renta, ya que pueden actuar "con muy escaso control".
Sánchez comentó que igual que existe una vigilancia "brutal" sobre rendimientos del trabajo, como las pagas o ingresos extraordinarios que no se declaran, las actividades empresariales no reciben la misma atención por parte de Hacienda, ya que a ésta "aún no le interesa mucho dirigir sus esfuerzos en la lucha contra el fraude hacia esos sectores".
Los técnicos de Hacienda estiman que con una autorización profesional y un plan eficaz de lucha contra el fraude y control de las ayudas públicas, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría recaudar anualmente unos 38.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades. La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante sumergido de 240.000 millones de euros.
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