BRUSELAS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha instado al Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, que se reúne este jueves en Bruselas, a que condene los actos de discriminación perpetrados contra comunidades gitanas en Italia, que han culminado en medidas tales como la orden de tomar las huellas dactilares a los romaníes, incluidos los niños, y que forman parte de "una caza de brujas disimulada con cuestiones de seguridad".
"Tras las críticas de la Comisión y el Parlamento europeos, son ahora los Estados miembros de la UE los que deben condenar abiertamente esta auténtica campaña emprendida contra los romaníes", declaró el director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE, Nicolas Beger.
A juicio de la organización, tomar las huellas dactilares a los gitanos por razones de seguridad pública "no es más que la última de una serie de políticas discriminatorias adoptadas por las autoridades italianas".
Desde 2007, por ejemplo, "se ha producido un aumento del número de desalojos forzosos, como el del asentamiento de Tor di Quinto, en Roma, en el que gran cantidad de personas, muchas de ellas ancianas y menores de edad, quedaron abandonadas en medio de la noche tras ser destruidos sus hogares", prosiguió.
RETÓRICA RACISTRA Y AGRESIONES
Estos actos cometidos por el Estado "se producen en un clima de retórica agresiva contra los romaníes por parte de políticos locales y nacionales". Por ejemplo, recuerda AI, el actual presidente de la Cámara de Diputados italiana, Gianfranco Fini, manifestó en un entrevista que los gitanos no podrían integrarse jamás en la sociedad italiana porque las mujeres "ganan dinero prostituyéndose" y porque los romaníes no tienen "ningún reparo en secuestrar niños".
"Apenas ha habido rendición de cuentas por estos y otros comentarios xenófobos, que han contribuido a su vez a fomentar y legitimar actos violentos de algunos ciudadanos", denunció Amnistía.
El pasado mes de mayo, por ejemplo, el asentamiento de Ponticelli, en Nápoles, fue atacado por una turba de alrededor de un centenar de personas, que quemaron un campamento habitado por 800 personas. "La violencia de este grupo 'parapolicial' llegó al extremo de arrojar un cóctel molotov en una caravana donde había niños, los cuales escaparon a duras penas del incendio consiguiente", aseguró la organización.
En respuesta a tales ataques, el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, comentó, citado en 'The Times' el 29 de mayo, que "esto es lo que pasa cuando los gitanos roban bebés o cuando los rumanos cometen violencia sexual". "Estas asombrosas declaraciones dejan muy pocas dudas sobre la naturaleza discriminatoria de tales políticas", señaló Nicolas Beger.
CAZA DE BRUJAS
"Seamos sinceros: lo que estamos viendo es una caza de brujas disimulada con cuestiones de seguridad", añadió. "Ahora sí que hay un grave problema de seguridad en Italia: la seguridad de los romaníes", aseveró.
La última "medida de seguridad" adoptada --un censo exclusivamente de romaníes, para el que se les toman las huellas dactilares y se toma nota de su religión y su etnia-- es, a juicio de Amnistía Internacional, discriminatoria y desproporcionada, no está justificada y constituye una contravención directa del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
"La reciente propuesta de hacer extensivo este censo a toda la población italiana de aquí a 2010 no cambia nada las cosas si, como han declarado las autoridades italianas, mientras tanto se sigue con el romaní", explicó Beger.
"Teniendo en cuenta las obligaciones internacionales y europeas que la UE y sus Estados miembros han contraído en materia de derechos humanos", Amnistía Internacional pide al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que inste a Italia a poner fin a las prácticas discriminatorias, como la toma de huellas dactilares por motivos étnicos o los desalojos forzosos ilegales.
Asimismo, Italia debe garantizar que se adoptan medidas penales o disciplinarias adecuadas para abordar la cuestión del uso de lenguaje despectivo o racista por funcionarios y políticos y debe revisar "el estado de excepción y la legislación y las medidas derivadas de él" a fin de garantizar su compatibilidad con el derecho internacional y europeo.
