RIAD 14 Oct. (Reuters/EP) -
Las autoridades saudíes llevan a cabo una media de dos ejecuciones por semana, la mitad de ellas contra extranjeros procedentes de países pobres de Asia y África, según denunció hoy la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
"El Gobierno de Arabia Saudí sigue haciendo un alto uso de la pena de muerte a pesar de la creciente tendencia mundial en favor de su abolición", afirmó la organización en un informe.
"El proceso mediante el cual se impone la pena de muerte es duro, en gran parte secreto y terriblemente injusto. Los jueces, todos ellos hombres, gozan de una amplia discrecionalidad y pueden decretar penas de muerte por delitos vagamente argumentados y no violentos", añadió. Las autoridades saudíes no han respondido a estas acusaciones.
El informe indica que los ciudadanos pobres de países africanos y asiáticos constituyen un porcentaje despropocionadamente alto de las ejecuciones porque no entienden la lengua árabe y no tienen acceso a personas influyentes que puedan interceder por ellos.
Un seguimiento por parte de Reuters de los ejecutados a lo largo de los dos últimos años revela que un algo porcentaje de los decapitados son saudíes, frecuentemente originarios de las regiones tribales más remotas. Más de siete millones de habitantes de este país, que cuenta con una población de 25 millones, son extranjeros, sobre todo trabajadores no especializados de África y Asia.
Las autoridades saudíes aplican la pena de muerte --por lo general mediante decapitación pública-- por los delitos de homicidio, violación y tráfico de drogas, pero en ocasiones los jueces han llegado a extender esta condena al robo a mano armado, a la "brujería" o a los casos de profanación al Corán.
El número de sentencias a muertes ejecutadas el año pasado fue de 158, un incremento claro respecto a las 36 del año anterior, según Amnistía. Los medios de comunicación saudíes han atribuido este aumento a la oleada de crímenes perpetrados por bandas organizadas formadas por trabajadores asiáticos pobres.
El sistema legal saudí concede a las familias de las víctimas de los delitos el derecho a perdonar a los convictos. En 2004, un hijo del ministro del Interior, Nayef bin Abdelaziz, se salvó a última hora después de recibir el perdón de la familia de un saudí al que había matado en una pelea.
Las autoridades saudíes rechazan las acusaciones sobre la pena de muerte y aseguran que la decapitación es un método humano sancionado por el Islam y que su aplicación en virtud de la ley islámica (la 'Sharia') garantiza la justicia para todos los habitantes del país. Los convictos suelen ser drogados antes de su ejecución.