BANGKOK, 25 Ene. (Reuters/EP) -
Las autoridades birmanas han detenido a 96 activistas políticos desde el pasado mes de noviembre a pesar de que la Junta Militar que gobierna el país se comprometiera con el enviado especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, a detener la represión, según informó hoy Amnistía Internacional.
La ONG asegura que muchos de los arrestados estaban intentando enviar a otros países pruebas de la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad durante las masivas manifestaciones prodemocráticas de septiembre, en las que murieron al menos 31 personas.
"Cuatro meses desde la violenta represión sobre las manifestaciones pacíficas, más que detener los arrestos ilegales, el Gobierno de Myanmar (como la Junta Militar denominó a la antigua Birmania) lo ha acelerado", denuncia Amnistía en un informe.
Después de su última visita a Birmania a principios de noviembre, el enviado de la ONU afirmó que la Junta Militar le había asegurado que esta represión pararía. Pero los arrestos continuaron, "demostrando claramente que la principal prioridad del Gobierno es silenciar a sus ciudadanos", añade la ONG.
El informe de Amnistía indica que al menos 15 manifestantes y sus seguidores han sido condenados a prisión desde principios de noviembre. También han recibido informaciones sobre torturas de algunos detenidos.
Esta organización denunció que al menos 700 personas que fueron arrestadas en la represión de las manifestaciones de septiembre continúan encarceladas, y más de 80 están en paradero desconocido. Sin embargo, la Junta Militar dijo en diciembre que sólo 80 de los cerca de 3.000 detenidos continuaban encarcelados para interrogarles.