MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Con el Gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se han incrementado las violaciones de Derechos Humanos, principalmente debido a la militarización del territorio y, entre estas violaciones, se encuentran las más de 12.000 ejecuciones extrajudiciales, homicidios políticos y desapariciones forzadas, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, los grupos paramilitares y las guerrillas, según denunció la organización Intermón Oxfam (IO).
"En Colombia hay más de tres millones y medio de desplazados, cifra sólo superada por Sudán", aseguró hoy una portavoz de la organización, Lara Contreras. "El conflicto tiene especial influencia sobre las mujeres y niñas; el riesgo a sufrir abusos sexuales ha obligado a muchas mujeres a desplazarse, a pesar de que esta indefensión se mantiene en los lugares de llegada", añadió.
El 32 por ciento de los embarazos registrados en desplazadas son de niñas de entre 12 y 17 años. La violencia sexual, pocas veces denunciada por miedo o vergüenza de las víctimas, es un arma de guerra utilizada por todos los actores en conflicto. Entre 2004 y 2006, informa Intermón, se registraron 619.000 desplazados internos y sólo se contabilizaron trece condenas por violencia sexual, aunque un informe de la Defensoría del Pueblo muestra que dos de cada diez mujeres desplazadas sufren algún tipo de violencia sexual.
La fundadora de la ONG Corporación Jurídica Libertad, Liliana María Uribe, señaló que las ONG del país trabajan para generar un ambiente de debate en relación con el examen periódico universal, a través del cual se examinará la situación de los Derechos Humanos en los 192 Estados miembros de Naciones Unidas y que se realizará el próximo 10 de diciembre y resaltó la necesidad de "buscar mecanismos internacionales para que cesen estas violaciones y se pueda superar el gran conflicto armado que vive nuestro país".
"Hay una afectación grave del derecho a la vida, las fuerzas militares han tenido éxito en relación con la guerrilla, pero con este elemento positivo (...), se ha venido aparejando una gran cantidad de homicidios civiles, desde 2002 a diciembre de 2007 hemos documentado 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, civiles que son asesinados y mostrados como trofeos de guerra en la lucha contra la subversión", manifestó. "Desde enero a junio de este año, 106 casos", añadió.
Según esta activista, hay otras cifras alarmantes, como el número de muertos en combate, 15.077, en el marco de la lucha contra la guerrilla, el número de desapariciones forzadas, 1.470. "Todas estas acciones son atribuidas directamente a fuerzas estatales", señaló.
"La situación de las mujeres es crítica debido al control paramilitar que subsiste en muchas zonas del país. En Medellín, son frecuentes las denuncias de las mujeres en relacion con la violencia que ejercen tanto paramilitares como miembros de las fuerzas estatales en términos de abuso sexual y de control a la propia autonomía: les controlan los horarios, la ropa y hasta el corte de pelo", manifestó Liliana Uribe.
ESTIGMATIZACIÓN
El periodista colombiano Hollman Morris señaló, en referencia a la revisión que se hará el próximo 10 de diciembre de los Derechos Humanos en Colombia, que "desde la prensa más independiente hacemos un llamado para que en esta declaración se tenga en cuenta que el presidente de la república ha venido señalando, estigmatizando y deslegitimando a algunos periodistas, a las voces más críticas e independientes del país".
"Cuando cubríamos un hecho de guerra, el presidente públicamente dijo que hacíamos alianzas con las guerrillas para cubrir estos sucesos, algo que genera en el país la estigmatización, y ésta, en un contexto de conflicto armado, lleva a la muerte", aseguró.
También manifestó que las amenazas regresaron en 2005 pero no sólo contra él sino contra líderes de la oposición como Carlos Gaviria y Rafael Pardo y otros periodistas como el director de la revista 'Semana', Alejandro Santos. "Esta actitud de deslegitimación se extiende a los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales y campesinos, lo que genera el miedo y la autocensura (...), para denunciar las violaciones de Derechos Humanos (...), lo que crea un entorno hostil para aquellos que denuncian estos actos", manifestó.
"Todo aquél que critique la seguridad democrática es terrorista, y esto dicho por el presidente y sus ministros genera un ambiente de estigmatización", aseguró Morris. "Ahora acaba de señalar al director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pero se extiende a todos los defensores de los Derechos Humanos y la sociedad también los percibe como terroristas", se lamentó.
