MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Decenas de mayores jubilados y prejubilados se concentraron hoy frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para exigirle al Ejecutivo de Esperanza Aguirre el cumplimiento de la Ley de Dependencia, ya que a su juicio, "no se trata de un problema económico, sino político en el afán del Gobierno de la presidenta regional por hacer oposición a la Administración central".
Así lo aseguró el secretario de la Asociación de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas del Metal, Construcciones y Aines (MCA), Mariano Rojo, quien explicó que "el cumplimiento de la norma en Extremadura está al 80 por ciento, mientras que en Madrid ni siquiera se han valorado a los enfermos.
A la concentración también asistieron el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo; la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez; el secretario del Grupo Federal de Mayores del PSOE, Luis Azcue; y la secretaria de Políticas Sectoriales de UGT-Madrid, Carmen López, entre otros.
Azcue señaló que "en Madrid ni siquiera se están promoviendo los medios necesarios para formar a las personas que tienen que trabajar dentro de esta Ley". "Oficialmente hay 20 personas trabajando en los servicios, mientras que en Comunidades Autónomas como Andalucía se superan los 12.000", argumentó.
Por su parte, Zerolo reprochó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que se gaste "el dinero que el Gobierno de España transfiere a la región en otros cometidos". "El Gobierno de España ya ha cumplido todos los compromisos que se adquirieron con la puesta en marcha de la norma, y la Comunidad de Madrid no pone los medios necesarios porque no cree en un sistema público de dependencia", apostilló.
En este sentido, el secretario de Movimientos Sociales del PSOE recordó que "el Partido Popular intentó poner en marcha en su momento un sistema nacional de dependencia privado", lo que hace que se deduzca que "ni la Comunidad de Madrid ni el Partido Popular creen en lo público".
BLOQUEO DE LA NORMA
Menéndez acusó al Ejecutivo regional de "bloquear la Ley de Dependencia", e instó a la presidenta de regional a "cesar con su actitud de oposición a todo lo que realiza el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque esa confrontación que tiene se está llevando por delante los derechos de los madrileños".
Asimismo, acusó a Aguirre de "no tener ningún compromiso ni con las personas mayores ni con las políticas sociales", y señaló que su partido encabezará "la iniciativa política para que en Madrid sea posible ejercer un derecho que otorga una Ley aprobada por las Cortes Generales".
Los manifestantes insistieron en el derecho que la Ley les confiere para ser atendidos en los casos en los que su situación lo requiera, y no terminaron de comprender por qué en unas regiones la norma está desarrollada casi en su totalidad y, sin embargo, en la Comunidad de Madrid las cifras de atención son tan bajas.
De cifras habló la secretaria de Políticas Sectoriales de UGT-Madrid, Carmen López, quien aseguró que "los últimos datos muestran que de los 90.000 dependientes que deberían estar recibiendo la prestación en el grado de dependencia dos y tres, la Comunidad de Madrid sólo ha enviado 784 instancias al Ministerio de Trabajo".
En cuanto a los grandes dependientes, en la región hay unas 30.000 personas que se encuentran en esta situación, aunque sólo 10.200 la están recibiendo, puntualizó López.
Los dependientes del grado dos son alrededor de 60.000, pero el Ejecutivo regional "sólo está dando cobertura al 5,97 por ciento de los mismos", dijo la secretaria de UGT.
Por eso, la sindicalistas instó a la presidenta de la Comunidad y a la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, a que se convoque "al consejo consultivo con los agentes sociales, el Gobierno, los sindicatos y la patronal para evaluar estas cifras".