JERUSALÉN, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Israel, Yehuda Weinstein, ha advertido este martes al Ejecutivo hebreo de Benjamin Netanyahu de que los proyectos de ley destinados a prohibir las donaciones por parte de organizaciones y gobiernos extranjeros a ONG israelíes son inconstitucionales y que, en caso de que consigan la aprobación del Parlamento, no estará preparado para defenderlos ante el Tribunal Supremo.
"La política del fiscal general es la de abstenerse tanto como sea posible de declarar inconstitucional una ley, faltando al respeto al trabajo legislativo del Gabinete y el Parlamento", ha escrito Weinstein en una carta enviada a Netanyahu.
"Sin embargo, a la vista de lo evidente de este caso, desviarse de esta política está justificado. Esto significa que, si los proyectos se convierten en leyes, no seré capaz de defenderlos ante las peticiones que serán enviadas al Tribunal Supremo. Esto es lo que intento decir al Parlamento, y por tanto al Tribunal Supremo", ha agregado, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
Las propuestas de ley, formuladas por miembros de su partido Likud, tienen como objetivo limitar a 4.000 euros los donativos realizados por los gobiernos extranjeros a las ONG pro Derechos Humanos de Israel.
"Estas propuestas suponen un duro golpe a una larga lista de derechos constitucionales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad. En lugar de abrir una discusión abierta en un eficiente 'mercado de ideas', intentan suprimir los discursos. Ponen a Israel a la altura de un grupo de países que ha tomado medidas similares, y dudo que el Estado de Israel deba tener envidia de ellos y actuar igual", ha apuntado Weinstein.
Asimismo, ha señalado que, en los foros internacionales, los representantes israelíes alaban la activa sociedad civil del país y a sus organizaciones humanitarias, que son elementos esenciales de un Estado democrático. "Es cierto que las actividades de esas organizaciones no siempre coinciden con las posiciones del Gobierno, pero son una voz importante que no debe ser silenciada", ha manifestado el fiscal general.
Por otra parte, ha señalado que el objetivo declarado de las propuestas, es decir, impedir que los países extranjeros intervengan en la vida pública israelí, pero que, sin embargo, el dinero extranjero es bienvenido en muchas áreas de la vida del Estado.
"Por tanto, parece que el verdadero objetivo es otro. Según las notas explicativas de las propuestas y las discusiones en el Comité Ministerial sobre Legislación, parece que están destinadas a impedir el apoyo a organizaciones que difaman al Estado de Israel. Éstas son, principalmente, ONG. Incluso si es el objetivo, dudo que sea un objetivo adecuado, porque silenciar una actividad legal no puede ser un objetivo legítimo", ha agregado Weinstein en su misiva al 'premier'.
Así, Weinstein ha propuesto otros medios para enfrentar el problema, como mejorar la transparencia de las donaciones y los esfuerzos diplomáticos para evitar que los gobiernos extranjeros financien a ese tipo de grupos. "Más allá de ello, la manera correcta de enfrentarse a opiniones diferentes es formulando argumentos contrarios en el marco de una discusión abierta en el 'mercado de ideas' que caracteriza a una sociedad democrática", ha apostillado.
El 20 de noviembre, Netanyahu decidió congelar el procedimiento parlamentario en el que se están discutiendo la aprobación de las dos propuestas.
Los responsables de las propuestas, los diputados Tzipi Hotovely y Ofir Akunis, consideran que Netanyahu actúa presionado por las quejas de la comunidad internacional, abanderada por la Unión Europea y Estados Unidos, contra la limitación de este modelo de financiación. Si algún día fueran aprobadas, los gobiernos extranjeros se verían obligados a limitar su contribución a las ONG israelíes hasta los 20.000 NIS (unos 3.970 euros, aproximadamente).
En cualquier caso, Netanyahu ha decidido posponer indefinidamente las apelaciones sobre las propuestas enviadas al Comité Ministerial para la Legislación, lo que significa que los miembros del Parlamento israelí no podrán ratificar estas peticiones.
