MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno sudafricano debería asegurar que los "refugios temporales" para las víctimas de la reciente violencia xenófoba cumplen con los criterios que exponen las Directrices de la ONU sobre los Desplazados Internos, informó hoy mediante un comunicado la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
"Las precipitadas decisiones gubernamentales para reubicar a estas personas revelan que no han tenido el tiempo suficiente para preparar los sitios de una forma segura ni habitable para los humanos", según dijo hoy la directora de HRW para África, Georgette Gagnon. "Las vidas de estas personas han quedado destrozadas por la reciente violencia y ahora se ven obligadas a vivir en refugios deficientes", añadió.
"Esta es la primera vez que las autoridades de Sudáfrica tienen que tratar con los desafíos para establecer refugios para los desplazados", afirmó Gagnon. "El mundo está mirando y, mientras las agencias humanitarias están dispuestas a ayudar, al mismo tiempo están frustradas por el plan del Gobierno. Sudáfrica necesita actuar de forma conjunta con aquellos que la puedan ayudar", manifestó.
La organización añadió que no consultar a la gente que está siendo reubicada, ni darles elección en lo que les ocurra, además de las condiciones penosas en muchos de los refugios que amenazan la salud de los desplazados muestra que Sudáfrica incumple los criterios internacionales sobre los derechos de las personas desplazadas.
Después del estallido de la violencia xenófoba en distintas zonas de Sudáfrica a mediados de mayo, que tenía como objetivo a los inmigrantes de los suburbios de varias ciudades, miles de extranjeros perdieron sus hogares y propiedades. Los desplazados internos con los que terminaron estos disturbios están siendo reubicados desde las estaciones de Policía y otros refugios a los nuevos emplazamientos que da el Gobierno, aunque las agencias están preocupadas ya que estos lugares no satisfacen los criterios básicos.
Tras una evaluación exhaustiva realizada en muchos de los refugios, un número de organizaciones --incluyendo la Comisión para los Derechos Humanos de Sudáfrica, agencias de la ONU y la Federación Internacional de la Cruz Roja-- se reunió el pasado 1 de junio con funcionarios gubernamentales para explicarles su preocupación sobre la precipitación en los realojos y la adecuación de muchos refugios.
Plantearon temas como la falta de consulta e información dada a los desplazados, la separación de las mujeres de sus hijos durante la reubicación, la hostilidad de los habitantes locales que viven cerca de estos nuevos emplazamientos, la falta de seguridad en y alrededor de los mismos, un inadecuado acceso al agua y a la atención sanitaria y la alta densidad de personas y tiendas en las zonas.
A pesar de estas preocupaciones planteadas por la comunidad humanitaria, las autoridades sudafricanas decidieron seguir adelante con sus planes de reubicación en las provincias de Gauteng, Cabo Occidental y KwaZulu Natal.
Durante las dos últimas semanas de mayo, los extranjeros --llegados en su mayoría de Mozambique, Somalia y Zimbabue-- enfrentaron una ola de violencia que terminó con la vida de al menos 62 personas y 670 heridos, además de las miles de personas que se quedaron sin hogar y sin propiedades.
Las Directrices sobre Desplazados Internos de Naciones Unidas disponen cómo las autoridades deberían proveer a las personas que ellos planean reubicar con una completa información sobre las razones y procedimientos para llevarla a cabo y deberían asegurar que se realiza de forma que respete su dignidad y seguridad. Estas normas también exigen a los Gobiernos que se aseguren de que los desplazados tienen, como mínimo, acceso a alimentos básicos y agua, refugio y servicios médicos esenciales.
Esta guía también exige que las autoridades aseguren el derecho de los desplazados a "regresar voluntariamente, de forma segura y con dignidad, a sus lugares de residencia habitual o a asentarse de forma voluntaria en otra parte del país".
