HRW denuncia el permiso condedido por el Gobierno alemán al director de la Policía secreta uzbeka

NUEVA YORK, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno alemán no debería haber permitido que el director de la Policía secreta de Uzbekistán visitara Alemania inmediatamente después de que la Unión Europea levantara las sanciones procedentes de la masacre que se produjo en 2005 en ese país, según declaró hoy la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).

El director del Servicio de Seguridad Nacional uzbeko, Rustam Inoyatov, voló hacia Alemania el pasado 23 de octubre, el mismo día que un tribunal de este país sentenció a un prominente activista de los Derechos Humanos a diez años de prisión.

Una prohibición del visado había evitado que Inoyatov y otros siete actuales y ex altos cargos visitaran países de la Unión Europea durante los últimos tres años, aunque esta prohibición fue levantada el pasado 13 de octubre.

"La visita de Inoyatov muestra precisamente por qué la prohibición del visado no se debería haber levantado", manifestó la directora de HRW para Europa y Asia Central, Rachel Denber. "Este hombre está implicado en las muertes de cientos de personas, y es una desgracia que el Gobierno alemán le permitiera visitar su país tan rápido", añade en su comuncado.

La UE impuso la prohibición del visado sobre Inoyatov y otros responsables uzbekos en octubre de 2005, como respuesta al rechazo del Gobierno de Uzbekistán de permitir una investigación independiente e internacional sobre la masacre que se produjo ese mismo año en Andijan, en el este del país.

En mayo de 2005, un alzamiento armado en Andijan fue seguido por una manifestación pública para protestar contra las políticas gubernamentales. Después de que las fuerzas del Gobierno dispersaran de forma violenta la manifestación, dispararon contra los manifestantes que huían, la gran mayoría desarmados. Cientos de ellos murieron tras esta represión, aunque el Gobierno ha negado de forma persistente cualquier responsabilidad.

La prohibición, junto con otras sanciones, se levantaría cuando el Gobierno uzbeko mostrara que se hubieran mejorado los Derechos Humanos en el país, incluida la liberación de todos los activistas encarcelados y permitiera visitar al país a los investigadores de HRW y a los observadores de la ONU, incluido el relator especial para la tortura, aunque el Gobierno no ha cumplido estas condiciones.

Uzbekistán ha abolido la pena de muerte, pero la tortura sigue presente, así como las limitaciones sobre los derechos como la libertad de expresión, de asamblea y de religión, denuncia HRW. "Decir que el Gobierno uzbeko ha hecho progresos en los Derechos Humanos es absurdo", aseguró Denber. "Los responsables alemanes deben insistir en que Uzbekistán libere a Turgunov y a otros activistas que se encuentran en prisión", añadió. "En estas circunstancias tan difíciles, es lo menos que pueden hacer", aseguró.